La valoración clínica de los ejemplares rescatados, según el reporte del Área Metropolitana, evidencia secuelas que van más allá del maltrato físico evidente. Un primer caso ingresó al CAVR en estado crítico, con deterioro notorio en el pelaje, pupilas dilatadas y descoordinación motora. El cuadro llevó al personal veterinario a ordenar pruebas de consumo especializadas ante la sospecha de daños neurológicos, agravados por el rechazo del animal a alimentarse.
Un segundo ejemplar, una marteja juvenil, fue incautado en Medellín por la Policía Ambiental. El animal presentó temor extremo e inflamación abdominal, cuadro que los especialistas asociaron a una dieta inadecuada propia del cautiverio. Ambos casos ilustran el patrón de afectación física y comportamental que, según la entidad, caracteriza a los animales extraídos de su entorno natural para ser comercializados o mantenidos como mascotas.
La marteja es un mamífero arborícola de hábitos nocturnos que habita los bosques tropicales de Centroamérica y Suramérica. Su papel ecológico resulta determinante: al alimentarse principalmente de frutos, actúa como dispersora de semillas, función que contribuye a la regeneración de los bosques donde vive. Mantenerla en cautiverio, de acuerdo con la autoridad ambiental, restringe de forma severa sus patrones de conducta e imposibilita su supervivencia en libertad, comprometiendo el desarrollo de los ecosistemas.
El tráfico de fauna silvestre está tipificado como delito en el Código Penal colombiano, que sanciona la caza, captura, comercialización y tenencia ilegal de especies protegidas sin el permiso de las autoridades ambientales competentes. Las incautaciones que derivan en el ingreso de animales a centros como el CAVR suelen abrir procesos administrativos sancionatorios a cargo de la autoridad ambiental, sin perjuicio de las investigaciones penales que correspondan cuando se identifica a los responsables de la extracción o comercialización.
El tráfico de especies protegidas constituye una categoría delictiva con sus propios protocolos de atención y judicialización, distinta de los frentes de seguridad que ocupan a las autoridades en la región, desde la fuga de cabecillas de disidencias armadas hasta hechos de violencia urbana. El ingreso creciente de martejas al CAVR desde 2024 combina entregas voluntarias de particulares y operativos policiales contra el comercio ilegal de fauna.
Ante este panorama, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra, venta o tenencia ilegal de fauna silvestre, y habilitó canales específicos para la atención de estos casos. La entidad dispuso la línea 304 630 0090 para el rescate de animales silvestres y el correo atencionausuario@metropol.gov.co para recibir denuncias de tráfico ilegal.
La autoridad ambiental insistió en que cada denuncia ciudadana contribuye a frenar la extracción de especies de las reservas naturales del país. Recordó, además, que la ciudadanía puede acudir a la línea 123 de la Policía Nacional para reportar la tenencia irregular de estas especies.
