La ley de sometimiento busca ofrecer rutas jurídicas a estructuras armadas y de crimen organizado para su desmovilización y entrega a la justicia. El proyecto arranca su recorrido en un momento en que el Gobierno Nacional ha situado la llamada paz total como eje de su política de seguridad, y deberá surtir los debates de rigor en comisiones y plenarias de Senado y Cámara antes de aspirar a la sanción presidencial en la Casa de Nariño.
El planteamiento de Landinez se inscribe en una discusión de fondo que atraviesa al Legislativo: si el sometimiento a la justicia debe limitarse a bandas criminales o abrir también la puerta a negociaciones políticas con grupos armados organizados. A diferencia de una negociación política, el sometimiento está pensado formalmente para estructuras de crimen organizado sin estatus de actor político, una distinción que ha marcado el debate entre las distintas bancadas.
El proyecto se suma a una tradición de normas colombianas orientadas a conceder beneficios jurídicos a cambio de desarme. La Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005, sirvió de marco para la desmovilización de estructuras paramilitares; el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las antiguas FARC dio origen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cada una de esas experiencias dejó lecciones sobre los límites de los beneficios punitivos y los riesgos de impunidad que el Congreso suele invocar en estos debates.
La ponencia deberá resolver en los próximos debates cuestiones como los beneficios judiciales aplicables, el tratamiento a las víctimas y los mecanismos de verificación del desarme. Esos elementos han sido objeto de revisión por la Corte Constitucional cuando se trata de normas de justicia transicional, que el alto tribunal examina para garantizar su compatibilidad con los estándares de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La discusión transcurre en paralelo a los procesos de negociación que el Gobierno mantiene abiertos con distintas estructuras bajo la política de paz total, cuyos balances sobre ceses al fuego y mesas de diálogo han sido desiguales. El trámite de la ley de sometimiento coincide con el mismo periodo legislativo en que otras discusiones sobre seguridad y orden público han ocupado la agenda del Congreso, entre ellas los debates que giran en torno a las decisiones de la Casa Blanca sobre las sanciones a Rusia y la guerra en Ucrania.
El proyecto seguirá su curso en las comisiones correspondientes, donde los ponentes deberán definir el articulado antes de llevarlo a las plenarias de Senado y Cámara.
