Tienen razón quienes dicen que lo importante es que el Estado reaccione. Reaccionó. El presidente impartió instrucciones directas, el representante Andrés Forero del Centro Democrático pidió que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables, y el ente acusador tomó el caso. Aceptemos la premisa: cuando un dirigente amenazado viaja, el Estado le pone un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, la UNP, y ese esquema cumple su función. El viernes cumplió. Felipe López recibió tres impactos de proyectil y murió horas después. Cumplió del todo.
Aceptemos la segunda premisa, que también es de ellos: el esquema existe porque Ramírez está en riesgo. Exconcejal, alcalde de Jamundí entre 2020 y 2023, aliado político del congresista Duvalier Sánchez, con quien se había reunido minutos antes del ataque. Un hombre que, por su trayectoria y su territorio, el Estado consideró que valía la pena custodiar. Hasta aquí el razonamiento oficial es impecable: hay un dirigente amenazado, hay un esquema, hay una bala que el esquema interceptó con un cuerpo humano. El dirigente sobrevivió. El sistema, dirán ustedes, funcionó.
Aceptemos la tercera, la más delicada: que la protección oficial en Colombia es una jerarquía, y que toda jerarquía supone que alguien va delante. El protegido va en el centro del carro. El escolta va donde entran los disparos. Esa es la nómina: unos tienen esquema y otros son el esquema. Unos son la razón por la que existe el presupuesto de la UNP y otros son la partida que lo ejecuta con el cuerpo. No es una perversión del sistema; es el sistema. Lo pactaron así quienes lo diseñaron, y nadie lo ha deshecho.
Sigamos aceptando. El atentado, nos recuerdan, se inscribe en una cadena de agresiones contra líderes locales y escoltas de la UNP en el Valle del Cauca, en municipios como Jamundí, epicentro de disputas de grupos armados. Es decir: no es la primera vez. Es un fenómeno recurrente. Y si es recurrente, es previsible. Y si es previsible, el Estado sabía, antes del viernes, que mandar un esquema a Jamundí es mandar personas a un lugar donde a los esquemas les disparan. Lo sabía y lo hizo, porque esa es su obligación. Concedido también esto.
Escribió Nicolás Gómez Dávila que el Estado moderno es una empresa de seguros que no indemniza. La frase, que en otro contexto sería un adorno, aquí es una prueba pericial. Felipe López trabajaba para la empresa de seguros. Fue la póliza y el siniestro al mismo tiempo. Cubrió a Ramírez con su propio cuerpo y la indemnización que le corresponde es su nombre en un comunicado y la promesa de que el crimen no quedará impune. La promesa, conviene subrayarlo, se refiere al crimen contra él; la decisión de ponerlo delante de las balas nunca fue un crimen. Fue un organigrama.
Aquí revienta solo. Si el razonamiento oficial es correcto —y lo hemos aceptado entero, premisa por premisa—, entonces el Estado protege a quienes considera valiosos poniendo delante de ellos a quienes considera reemplazables, y cuando el reemplazable es reemplazado, la solución que ofrece es protección. En la Patria Milagro, dijo el presidente, protegeremos a todos los colombianos. A todos. También, suponemos, a los que protegen. La pregunta que ningún comunicado responde es quién custodia al custodio, y la respuesta que el sistema da sin decirlo es nadie: el escolta es el último eslabón, el punto donde la protección se acaba porque ya no hay nadie más abajo a quien poner delante.
Y entonces el absurdo se completa. El club de los protegibles —exalcaldes, congresistas, aliados, dirigentes con trayectoria y con bancada— tiene nombre, tiene curul y tiene esquema. Los que pagan la entrada con el cuerpo son funcionarios adscuertos a una unidad, identificados horas después, recordados en una línea. Felipe López no se reunió con Duvalier Sánchez ni fue alcalde de nada. Felipe López manejaba hacia donde le ordenaron y absorbió los tres impactos que iban dirigidos a otro. El sistema que lo contrató le prometió, póstumamente, que lo protegería. Es el único colombiano del relato al que la protección llegó tarde por definición, porque él era la protección.
Así que celebremos la reacción, que fue rápida, y la solidaridad, que fue correcta, y la orden a la Fiscalía, que era obligatoria. Todo está en orden salvo una cosa, y es la única que no cabe en un comunicado. El presidente De La Espriella prometió que protegerá a todos los colombianos; el representante Forero pidió todo el peso de la ley. Ambos tienen razón. Queda una sola pregunta, y no es retórica: cuando el Estado decidió que Andrés Felipe Ramírez valía un esquema de protección, ¿quién firmó que Felipe López valía menos que el hombre al que iba cuidando?
