Según el relato de Borrell, la aparición de esos 197 términos en las memorias de un proyecto dificultaría o impediría la concesión de fondos federales. La investigadora subrayó que su especialidad —las desigualdades sanitarias por raza y origen— recurre de forma constante a conceptos que quedarían dentro de esa lista, de modo que, en la práctica, trabaja con todos ellos. El Congreso, al que EL PAÍS acudió invitado por la organización, sirvió de escenario para trasladar a la comunidad epidemiológica española una experiencia directa del sistema estadounidense de subvenciones.
La denuncia se enmarca en el debate sobre la política científica de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, un periodo en el que agencias federales como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han revisado los criterios de evaluación de las solicitudes de subvención, especialmente en estudios vinculados a diversidad, equidad e inclusión. Los NIH constituyen el principal financiador público de la ciencia biomédica en el país, con un presupuesto anual que históricamente ha superado los 40.000 millones de dólares repartidos entre universidades, hospitales y centros de investigación.
La trayectoria de Borrell ilustra el propio objeto de sus trabajos. Llegó a Estados Unidos desde Santo Domingo para completar su formación en odontología, pero un paso poco satisfactorio por Florida la llevó a Nueva York, donde tuvo que revalidar sus estudios, obtener la licencia y ejercer. Trabajó en una clínica privada y después en un hospital antes de decantarse por la epidemiología y la estadística, disciplina en la que se doctoró y a la que lleva dedicada más de dos décadas y media, centrada en cómo la raza, el nivel socioeconómico o el país de origen inciden en el acceso a la sanidad y en los resultados de salud.
Un debate sobre la evaluación de proyectos
Organizaciones científicas y universitarias estadounidenses han expresado en los últimos meses su preocupación por lo que consideran una politización de los criterios de evaluación, mientras que representantes de la Administración han defendido la revisión de las políticas de financiación como una vía para ajustar el gasto público a las prioridades del Gobierno federal. Hasta la fecha no consta una confirmación oficial de los NIH sobre la existencia, el contenido íntegro o el alcance exacto del listado citado por Borrell, que la investigadora no detalló ante la audiencia navarra.
El precedente que la comunidad académica estadounidense suele invocar para explicar el clima actual es la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2023 que declaró inconstitucional el uso del criterio racial en las admisiones universitarias, poniendo fin a las políticas de acción afirmativa en la educación superior. Aquel fallo abrió una fase de revisión de los programas de diversidad en instituciones públicas y privadas, que después se ha proyectado sobre el ámbito de la financiación científica.
El campo en el que trabaja Borrell ganó peso académico en Estados Unidos desde los años noventa, a partir de investigaciones sobre disparidades raciales en enfermedades cardiovasculares y en mortalidad infantil, y ha cobrado relevancia en Europa en las últimas dos décadas ante el aumento de la población migrante. Organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran estas desigualdades objeto legítimo de la investigación epidemiológica, con independencia del debate político sobre la terminología empleada para describirlas.
En España el marco es distinto. La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, junto con las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Agencia Estatal de Investigación, no contempla restricciones terminológicas de este tipo, y los estudios sobre desigualdades sociales y sanitarias, incluidas las asociadas al origen, disponen de líneas específicas de apoyo. Tanto Eurostat como el Instituto Nacional de Estadística vienen documentando en sus informes periódicos sobre condiciones de vida la existencia de brechas de salud ligadas al nivel de renta y al origen.
El testimonio de Borrell se suma al de otros científicos que en los últimos meses han descrito dificultades crecientes para sostener líneas de investigación relacionadas con la diversidad en Estados Unidos, sin que exista todavía una cifra oficial consolidada, publicada por los NIH o por la Fundación Nacional de Ciencia (NSF), sobre el número de proyectos afectados o rechazados por este motivo.
La comunidad científica internacional seguirá la evolución de estos criterios de financiación y su posible efecto sobre la colaboración transatlántica en salud pública, un terreno en el que instituciones europeas y estadounidenses mantienen desde hace décadas programas conjuntos de investigación epidemiológica. La eventual publicación de datos oficiales sobre proyectos denegados marcará el próximo hito para medir el alcance real de las restricciones descritas por Borrell.
