El incremento de los ingresos tributarios se produce en un contexto de crecimiento del empleo y de una base salarial al alza, factores que tradicionalmente impulsan la recaudación por IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. El Ministerio de Hacienda ha venido defendiendo en anteriores balances que la fortaleza del mercado laboral y la inflación acumulada de los últimos ejercicios explican buena parte del alza, y ha sostenido que el aumento no responde a subidas generalizadas de tipos, sino al crecimiento de las bases imponibles y a la mejora en la lucha contra el fraude.
El paquete de medidas conocido como escudo tributario se aprobó originalmente en 2022, al calor de la escalada de precios energéticos que siguió a la invasión rusa de Ucrania, con rebajas del IVA en la electricidad, el gas y determinados alimentos básicos, además de bonificaciones al transporte público. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido prorrogando y recortando progresivamente ese escudo en sucesivas normas, adaptándolo a la evolución de los precios de la energía en los mercados internacionales. La versión vigente desde julio de 2026 mantendría solo una parte de aquellas rebajas, concentradas en los productos energéticos y alimentarios más sensibles a la inflación, lo que explicaría la caída del coste fiscal de la medida frente a ejercicios anteriores.
La actual senda de recaudación se apoya también en las reformas del Impuesto de Sociedades y en los gravámenes a la banca y las energéticas aprobados en 2022, así como en la revisión del tipo mínimo efectivo para grandes empresas. El Gobierno ha defendido esas medidas como palanca de justicia fiscal; el Partido Popular y Vox las han criticado por su impacto sobre la competitividad empresarial y la inversión extranjera.
De la recuperación pospandemia a los récords sucesivos
La comparación con periodos anteriores resulta ineludible: en el primer semestre de 2025 la Agencia Tributaria ya había registrado récords sucesivos de recaudación, en línea con una tendencia que se remonta a la recuperación pospandemia iniciada en 2021. Desde entonces, los ingresos tributarios han crecido de forma casi ininterrumpida, superando en varias ocasiones las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado.
El precedente más citado por los analistas es el del periodo 2015-2019, cuando la recaudación también creció de forma sostenida al calor de la recuperación tras la crisis financiera de 2008, sin que ello implicara necesariamente una mejora proporcional del saldo público, dado el paralelo aumento del gasto en pensiones, sanidad y educación.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha matizado en sus informes que buena parte del incremento recaudatorio de los últimos ejercicios responde también al efecto de la inflación sobre el IVA y a la progresividad no ajustada del IRPF, el llamado efecto de la 'progresividad en frío', por el que las subidas salariales nominales empujan a los contribuyentes a tramos superiores del impuesto aun sin ganar poder adquisitivo real.
El Partido Popular ha reiterado en distintas intervenciones parlamentarias que el aumento de la recaudación se debe fundamentalmente a la inflación y no a una gestión eficiente, y ha reclamado una rebaja del IRPF para las rentas medias, en línea con las bajadas aplicadas por comunidades autónomas gobernadas por el propio PP, como Madrid o Andalucía. Vox ha reprochado también al Ejecutivo la carga fiscal que, a su juicio, soportan las clases medias y los autónomos.
Desde el Gobierno, la titular de Hacienda ha defendido en comparecencias anteriores que el aumento de ingresos permite sostener el gasto social sin recurrir a un mayor endeudamiento, y ha vinculado esa política al compromiso de reducir el déficit estructural en el marco de las reglas fiscales europeas, en vigor desde 2024 tras la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Un escudo pendiente de la energía y de Bruselas
El marco normativo que rige tanto las rebajas del IVA energético como las reformas del Impuesto de Sociedades exige tramitación parlamentaria, habitualmente vía real decreto-ley convalidado después en el Congreso, un procedimiento que en los últimos años ha obligado al Ejecutivo a negociar en cada ocasión el apoyo de formaciones como ERC, Bildu o Junts. Los datos definitivos y desagregados por figuras impositivas correspondientes al primer semestre de 2026 deberán ser confirmados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su informe mensual de recaudación, fuente oficial de referencia para contrastar cifras de este tipo.
De cara a los próximos meses, el foco estará en si el Gobierno decide prorrogar, recortar aún más o eliminar el escudo tributario energético, una decisión condicionada por la evolución de los precios del gas y la electricidad, ligados a su vez al curso de la guerra en Ucrania y a las sanciones europeas a Rusia. La Comisión Europea, que vigila la senda de reducción del déficit español, será otro actor determinante, especialmente en la revisión del Plan Fiscal a medio plazo que España debe remitir a Bruselas.
