El reglamento europeo de emisiones de metano, conocido como EUMR por sus siglas en inglés, se ha convertido en una fuente de tensión entre Bruselas y la industria energética. La norma, de aprobarse en sus términos actuales, entraría en vigor en enero de 2027 y obligaría a los importadores de petróleo y gas de la Unión Europea a cumplir requisitos mínimos de reporte y verificación sobre las emisiones de metano vinculadas a sus compras. El incumplimiento conllevaría sanciones económicas relevantes para las compañías afectadas.
El problema, según han trasladado los propios importadores a la Comisión, es que la mayoría de los productores de petróleo y gas con los que operan han admitido que no están en condiciones de certificar ese cumplimiento en los plazos previstos. Hace un mes, la principal patronal de las petroleras refineras españolas —que integra a Repsol y Moeve— cifró en apenas un 3% las importaciones de crudo que llegan a España con capacidad de demostrar el cumplimiento de las obligaciones entre 2027 y 2029, frente a un 13% de media en el conjunto de la Unión Europea.
La patronal denunció además que los importadores europeos tienen una capacidad «limitada, en ocasiones inexistente, para influir en las prácticas de terceros países a lo largo de toda la cadena de producción y suministro de petróleo y gas». La organización sumó a esa crítica «la ausencia de elementos regulatorios y jurídicos esenciales para su aplicación y entrada en vigor en 2027», advirtiendo de que la norma no podría aplicarse con garantías desde el primer día.
La advertencia no procede solo de la industria española. Por esas mismas fechas, los Gobiernos de Estados Unidos, Catar, Nigeria y Argelia remitieron una carta a la Comisión Europea alertando de que la propuesta de regulación sobre el metano podría poner en riesgo el suministro de petróleo y gas a Europa, un aviso que sitúa a cuatro de los grandes proveedores energéticos del bloque entre las voces críticas con el calendario de Bruselas.
Al frente regulatorio se añade el del gas ruso. La Unión Europea aprobó un calendario de prohibición de las importaciones de gas procedente de Rusia que culminará también en enero de 2027, en el marco de la estrategia de desconexión energética iniciada tras la invasión de Ucrania en 2022. Aquella decisión, adoptada cuando aún se esperaba un mercado bien abastecido, se topa ahora con un escenario de reservas más ajustado de lo previsto.
Reservas en mínimos y un mercado en 'backwardation'
Naturgy expuso el pasado miércoles, durante la presentación de sus resultados del primer semestre, que las medidas de prohibición del gas ruso «eliminan aproximadamente entre un 10% y un 13% del suministro de gas de la UE durante los periodos de máxima demanda, y fueron aprobadas cuando todavía se esperaba que el mercado estuviera bien abastecido». La energética señaló que las reservas de gas del bloque «se encuentran en su nivel más bajo de los últimos cinco años y apuntan hacia un mínimo de la última década».
La compañía explicó también un fenómeno técnico que agrava el panorama: el mercado se encuentra en situación de backwardation en el TTF, el principal mercado virtual de compraventa de gas natural de Europa, con sede en los Países Bajos. Esto significa que el precio actual del gas es superior al de los contratos de futuros, lo que, según Naturgy, elimina «el incentivo económico para aumentar las inyecciones de gas en los almacenamientos» de cara al invierno, dado que resulta más rentable vender ahora que almacenar.
Naturgy advirtió de que las reservas de gas de la Unión Europea «son muy sensibles a las condiciones meteorológicas» y que un invierno frío, «como los registrados en los últimos años, podría provocar un riesgo de escasez de gas en febrero de 2027», el mes de mayor demanda de calefacción en gran parte del continente.
No todo el panorama que dibujan las energéticas es negativo. España ha alcanzado un acuerdo con Argelia que permitirá aumentar el flujo de gas hacia la península, una vía de abastecimiento que cobra especial relevancia ante el cierre del suministro ruso y que refuerza a Argelia como socio energético de España, en la línea de la relación bilateral que ambos países mantienen desde la puesta en marcha del gasoducto Medgaz en 2011.
El precedente más cercano se remonta al invierno de 2022-2023, cuando la Unión Europea logró esquivar una crisis de suministro grave gracias a un invierno relativamente benigno, al ahorro energético impulsado por los gobiernos y a la diversificación acelerada de proveedores, con Estados Unidos, Catar y Argelia ganando peso frente a Rusia. Aquel episodio evidenció la elevada sensibilidad del mercado europeo del gas tanto a la meteorología como a decisiones regulatorias adoptadas con poco margen de adaptación para la industria.
La Comisión Europea no se ha pronunciado públicamente sobre las advertencias más recientes de las petroleras y gasistas españolas. El organismo ha defendido en ocasiones anteriores que la normativa sobre metano responde a los compromisos internacionales asumidos por la Unión, entre ellos el Compromiso Global sobre el Metano suscrito en la COP26 de Glasgow en 2021, que persigue reducir estas emisiones un 30% para 2030 respecto a los niveles de 2020.
El debate sobre el calendario del reglamento de metano y la prohibición del gas ruso se trasladará en los próximos meses a las instituciones europeas, donde algunos Estados miembros y sectores industriales podrían solicitar periodos transitorios o cláusulas de flexibilidad si la Comisión constata que la capacidad de cumplimiento de los importadores sigue siendo tan limitada como advierten las compañías. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tendrán la última palabra sobre si se mantiene la fecha de enero de 2027 o se introducen ajustes.
Mientras se resuelve ese debate, el consumidor español y europeo permanece expuesto a la evolución de los precios del gas y los combustibles en los mercados mayoristas. Los niveles de reservas de gas que publica periódicamente Gas Infrastructure Europe y los datos de importaciones del Ministerio para la Transición Ecológica serán las referencias clave para calibrar si las advertencias lanzadas por Repsol, Moeve y Naturgy se traducen finalmente en tensiones de suministro durante el invierno de 2026-2027.
