La demanda fue presentada el 21 de septiembre por el ciudadano Miguel Ángel Lizarazo Puerto, un día después de la jornada electoral, y plantea que Piedrahíta estaría incurso en una causal de inhabilidad contemplada en la Ley 136 de 1994, norma que restringe la aspiración de quienes hayan ejercido autoridad civil, política o administrativa en el mismo municipio durante los 12 meses previos a una elección.
El argumento central del demandante se apoya en los tiempos: Piedrahíta ejerció como alcalde de Cartago hasta el 30 de junio de 2026 y las elecciones extraordinarias que lo devolvieron al cargo se realizaron menos de tres meses después, el 20 de septiembre. Esa proximidad entre la salida y el nuevo proceso electoral es, según el Tribunal, el fundamento que lo llevó a adoptar la medida cautelar mientras continúa el análisis de fondo.
En esos comicios atípicos, Piedrahíta obtuvo 17.894 votos, equivalentes al 56,3 % de la votación reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, frente a los 11.370 sufragios de Óscar Morillo, quien quedó en segundo lugar.
La controversia actual no es la primera que enfrenta Piedrahíta por su paso por la Alcaldía de Cartago. El dirigente había ganado el cargo en las elecciones municipales de 2023, pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de esa elección el 25 de marzo de 2025 por doble militancia. El Consejo de Estado confirmó posteriormente esa decisión, que quedó en firme el 30 de junio de 2026, fecha que coincide con su salida del despacho municipal.
Tras esa salida, la Gobernación del Valle del Cauca designó a Mónica Johana Guapacha Fajardo como alcaldesa encargada desde el 1 de julio, en el preámbulo de las elecciones atípicas convocadas para llenar la vacante. La jornada del 20 de septiembre terminó con una nueva victoria de Piedrahíta, triunfo que ahora enfrenta el cuestionamiento judicial que derivó en su suspensión.
Cinco días para nombrar encargado
El auto fija plazos concretos para las partes involucradas. La Gobernación del Valle del Cauca cuenta con cinco días para hacer efectiva la suspensión provisional y designar a un alcalde encargado que asuma temporalmente la administración municipal de Cartago. Piedrahíta, por su parte, dispone de 15 días hábiles para contestar la demanda, presentar sus argumentos de defensa y aportar las pruebas que considere pertinentes para controvertir los señalamientos del demandante.
La decisión del Tribunal también puede ser apelada ante el Consejo de Estado, lo que mantiene abiertas varias etapas del proceso judicial. Mientras tanto, la administración municipal continuará bajo un encargo, en una situación que ya se repitió tras la primera nulidad decretada contra Piedrahíta. El Valle del Cauca ha sido escenario en los últimos meses de otros episodios de tensión institucional en la región, como el atentado en Jamundí que dejó muerto a un escolta de la UNP.
La suspensión provisional decretada tiene, por ahora, carácter cautelar y no equivale a la pérdida definitiva del cargo. El desenlace dependerá de lo que determine la justicia administrativa una vez examine a fondo los argumentos y las pruebas que presenten las partes en el proceso de nulidad electoral.
