El aviso español se produce cuando el proceso de ampliación afronta ya suficientes obstáculos propios como para que, según varias delegaciones, la vinculación con un asunto de política lingüística interna añada más ruido que presión real. Un alto cargo de un Estado miembro reticente a la petición, en conversación con Europa Press, resumió así el sentir de buena parte del Consejo: "Es una amenaza vacía".
La misma fuente subrayó que el proceso lleva tiempo "bloqueado" por razones que nada tienen que ver con las lenguas cooficiales españolas, sino con las reticencias de varias capitales hacia distintos candidatos por motivos propios.
"Un potencial chantaje de España es una amenaza vacía", insistió un alto cargo de un Estado miembro reticente a la petición española, en conversación con Europa Press.
Otras fuentes diplomáticas recordaron que la adhesión de nuevos países es un procedimiento "basado en los méritos" de cada candidato, sin relación alguna con el reconocimiento de las lenguas cooficiales de un Estado miembro. Por ello advirtieron de que plantear la reclamación española en clave de ampliación "no ayudará al debate", en referencia a los procesos abiertos con Montenegro y Albania, los aspirantes más avanzados.
Desde otra delegación se fue más allá al señalar que mezclar "asuntos de política doméstica" —en alusión a los compromisos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cerró con Junts a cambio de su apoyo a la investidura— con la agenda comunitaria de ampliación resulta contraproducente. "Nada ha cambiado, no hay muchos Estados miembro que se tomaran muy en serio la amenaza", resumió esa misma fuente, a pocos días de que España exponga sus argumentos ante los Veintisiete.
El formato elegido por Madrid tampoco eleva la presión: el asunto figura en la agenda del Consejo como un "punto varios", una fórmula que permite a un Estado miembro informar sobre una cuestión sin que se abra un debate formal ni se adopten decisiones. Otros ministros, o los representantes del Consejo y la Comisión Europea, pueden intervenir si lo consideran oportuno, pero nada lo garantiza, a diferencia de lo que ocurre cuando un tema se incluye expresamente como punto de discusión con vocación decisoria. No hay garantías siquiera de que llegue a celebrarse un intercambio entre ministros.
El debate fallido de julio de 2025
El antecedente de este pulso se remonta a julio de 2025, cuando bajo presidencia danesa del Consejo de la UE se celebró lo que un alto diplomático de un Estado miembro abierto a estudiar la demanda española describe como una "discusión exhaustiva en la que no fue posible el acuerdo". El debate, según fuentes diplomáticas, se prolongó cerca de una hora y por momentos fue tenso y directo.
En aquella ocasión España se topó con el rechazo firme de alrededor de una decena de países, con Alemania a la cabeza y también Italia y Países Bajos entre los más críticos, por las dudas jurídicas, financieras y operativas que suscita reformar el régimen lingüístico de la Unión, que exige unanimidad de los Veintisiete para modificarse. Un año después, esas mismas capitales consideran que tales dudas siguen sin resolverse.
La resistencia de los socios más reacios repite una lógica ya vista en otros expedientes comunitarios: la misma alianza informal de Alemania, Países Bajos y otros socios frugales que rechazó de plano la propuesta española para ampliar el presupuesto de la UE reaparece ahora, con matices, en el frente lingüístico.
Albares apela a un respaldo mayoritario
El Gobierno mantiene, sin embargo, que cuenta con una "amplia mayoría" de apoyos entre los Veintisiete. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró hace unos días que las "reticencias que quedan por parte de algunos Estados son reticencias exclusivamente políticas, partidistas", una lectura que atribuye el bloqueo a cálculos internos de ciertos gobiernos antes que a obstáculos técnicos o jurídicos.
Con ese argumento, la estrategia del Ejecutivo durante el último año se ha apoyado en contactos bilaterales con las distintas capitales para explicar, país por país, las claves de la reforma, incluido el compromiso de que sea España quien asuma íntegramente el coste de su implantación. Esa gestión discreta no se ha traducido todavía en ningún debate a Veintisiete ni siquiera a nivel técnico en Bruselas que permita calibrar si ha movido posiciones.
La cuestión lingüística se suma a un calendario europeo cargado de fricciones entre Madrid y varios socios, después de que el Parlamento Europeo debatiera recientemente la condena por el "ataque" a Ceuta y la petición de una investigación independiente y de que populares y socialistas rechazaran revisar los fondos destinados a Marruecos tras aquel episodio.
El resto de Estados miembro permanece pendiente de conocer con qué argumentos jurídicos España tratará de sostener el vínculo entre la oficialidad de sus lenguas cooficiales y un eventual veto a la entrada de nuevos socios. Todas las delegaciones consultadas por Europa Press coinciden en que sus posturas no han variado desde el fallido intento de julio de 2025.
