La petición llega en forma de escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional el llamado caso Leire Díez, abierto por presuntas maniobras para torpedear investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. Biedma pide que se le permita ejercer la acusación particular, un paso que, de aceptarse, la situaría como parte activa en el procedimiento y no solo como testigo de los hechos que denuncia.
La instructora sostiene que la trama liderada por Díez y Cerdán no se limitó a buscar información política o judicial contra ella, sino que habría recurrido a contactos con el entorno del narcotráfico para intentar apartarla del caso. El objetivo, según el escrito, no era solo obstaculizar la instrucción, sino desmontarla por completo.
«Apartarla» e «incluso destruir» la causa, según el escrito de la jueza Beatriz Biedma remitido a la Audiencia Nacional.
Biedma añade que existen indicios de que los investigados trataron de recabar datos sobre su vida personal y profesional con el fin de «desacreditarla pública y personalmente», una estrategia que, de confirmarse, apuntaría a un intento de deslegitimar a la magistrada más allá del ámbito estrictamente procesal.
La causa por el contrato de Badajoz
El caso que instruyó Biedma en Badajoz tuvo como investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un contrato con la Diputación de Badajoz. La causa terminó con una condena que situó al hermano del jefe del Ejecutivo en el centro de la actualidad judicial durante meses, y convirtió a la propia instructora en objetivo, según su denuncia, de la trama que ahora investiga la Audiencia Nacional.
El expediente de Leire Díez y Santos Cerdán, conocido públicamente desde la primavera, investiga presuntas gestiones para intentar frenar o desviar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE o el Gobierno. Díez, vinculada al partido, y Cerdán, exdirigente socialista, son investigados por la Audiencia Nacional en una causa que ha ido sumando ramificaciones desde que se conocieron los primeros indicios.
La incorporación de los presuntos contactos con el narcotráfico que ahora denuncia Biedma ampliaría el perímetro de la investigación más allá del ámbito estrictamente político y judicial, al introducir la hipótesis de colaboración con estructuras criminales para lograr fines procesales.
El mecanismo procesal que activa Biedma —solicitar la condición de perjudicada y la acusación particular— es habitual en causas donde una persona considera que ha sido objeto directo de las conductas investigadas. De aceptarla, Pedraz permitiría a la jueza acceder a la totalidad de las actuaciones y proponer diligencias, con un papel activo en el desarrollo de la instrucción.
La figura del perjudicado en la ley procesal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva esta figura a quienes acreditan un perjuicio directo derivado de los hechos investigados, no una mera relación indirecta con el procedimiento. Biedma argumenta que los presuntos intentos de apartarla de la causa contra David Sánchez y de desacreditarla personalmente la convierten en sujeto pasivo directo de la trama, y no en una observadora externa del caso.
La decisión sobre si se le reconoce esa condición corresponde ahora a Pedraz, que deberá valorar si los indicios aportados por la instructora acreditan un perjuicio suficiente para sumarla como parte en el procedimiento, en una fase de instrucción que continúa abierta y en la que ni Díez ni Cerdán han sido, según consta, procesados.
La denuncia de Biedma se suma a un año marcado por investigaciones sobre presuntas irregularidades en el entorno del Gobierno y de instituciones públicas. La Fiscalía sigue indagando en contratos municipales, como recoge la investigación sobre el expresidente de Hockey Valencia por otro contrato municipal, mientras otros expedientes han puesto el foco en la gestión de crisis institucionales, como el episodio que llevó a la exministra Laya a entregar su móvil hackeado a Bolaños tras la crisis con Marruecos de 2021.
La entrada de un juez como acusación particular en una causa penal no es inédita en la justicia española, pero sí infrecuente: la magistratura ha comparecido en procedimientos por amenazas o coacciones vinculadas al ejercicio de su función, si bien la hipótesis de una trama que recurra al narcotráfico para neutralizar a un instructor sitúa este caso en un terreno distinto.
El caso Leire Díez ha ido revelando en los últimos meses un entramado de contactos entre figuras del partido en el Gobierno y personas con capacidad de influir en procedimientos judiciales sensibles, según los sucesivos escritos incorporados a la causa. La denuncia de la jueza de Badajoz añade ahora una dimensión distinta, al introducir la hipótesis de contactos con el narcotráfico como vía para neutralizar una instrucción en marcha.
El procedimiento sigue su curso en la Audiencia Nacional bajo la instrucción de Pedraz, sin que conste en el material una fecha para resolver la petición de personación de Biedma ni para la práctica de nuevas diligencias derivadas de sus últimas alegaciones.
