Bolaños entregó a la exministra un acuse de recibo en el que se informaba de que el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, se haría cargo de la investigación del dispositivo. González Laya, según fuentes gubernamentales, nunca recibió respuesta sobre el resultado de aquella inspección, un silencio que años después alimentaría las dudas sobre el alcance real del espionaje sufrido por altos cargos del Estado.
La acogida de Gali, entonces enfermo de Covid-19 y de cáncer, se gestionó con hermetismo extremo: el Ejecutivo escogió el hospital San Pedro de Logroño, al que el dirigente saharaui llegó con escala en Zaragoza tras salir de Argelia. La operación se filtró casi de inmediato a medios cercanos a la monarquía alauita como Le360 o Jeune Afrique. Fuentes gubernamentales sostienen que «Rabat se entera porque los servicios secretos estaban espiando a Laya», y que la filtración a esos medios sirvió de «tapadera» para ocultar el origen de la información.
La reacción diplomática marroquí no se hizo esperar. La entonces embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, advirtió públicamente de que «los actos tienen consecuencias». Quince días después de la llegada de Gali a Logroño, se produjo el asalto migratorio masivo a Ceuta de mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas entraron a nado unos 10.000 migrantes, 1.500 de ellos menores de edad.
A diferencia de la crisis migratoria de este verano en la ciudad autónoma —ante la que el PSOE respondió a las críticas asegurando que «desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar»—, el Gobierno actuó entonces con rapidez. La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, fue alertada por el CNI a las nueve de la mañana del 18 de mayo de 2021 sobre la llegada masiva; tres horas después, Pedro Sánchez aterrizaba en la ciudad para ordenar la devolución de los llegados de forma irregular.
Días más tarde, el 25 de mayo, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez vinculó públicamente ambos episodios: «En 48 horas entraron 10.000 migrantes marroquíes en Ceuta, en respuesta a una acción humanitaria que hizo el Gobierno de España».
El relevo de Laya por Albares
Fuentes gubernamentales sostienen que aquel episodio marcó «el inicio del giro en la política exterior con Marruecos», impulsado por el «clan promarroquí de Zapatero, Bono y Moratinos, con José Manuel Albares como brazo ejecutor». El 10 de julio de 2021, en la crisis de Gobierno más profunda del mandato de Sánchez —que también se llevó por delante a José Luis Ábalos, Carmen Calvo e Iván Redondo—, González Laya fue destituida, según las mismas fuentes, «por expresa petición de Marruecos», y sustituida por Albares, hasta entonces embajador en París.
No fue hasta un año más tarde, en 2022, cuando Bolaños, ya ministro de Presidencia, compareció de urgencia en Moncloa en día festivo para anunciar que los teléfonos de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con el software israelí Pegasus, sin desvelar la autoría del ataque.
«Estamos ante infecciones ilícitas y extremas», declaró Félix Bolaños, entonces ministro de Presidencia, en su comparecencia en Moncloa.
El ministro admitió tres intrusiones exitosas —en los dispositivos de Sánchez, Robles y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska— y un intento fallido en el móvil de Luis Planas, titular de Agricultura y exembajador en Marruecos entre 2010 y 2011. El Gobierno hizo pública esta información en plena crisis con ERC, después de que una investigación de Citizen Lab difundida por el semanario The New Yorker revelara que Pegasus había servido para espiar a una sesentena de independentistas, entre ellos el entonces presidente catalán, Pere Aragonès, y el expresidente fugado Carles Puigdemont, que había mantenido bloqueada durante meses la agenda legislativa del Ejecutivo.
La revelación se cobró la salida de la directora del CNI, Paz Esteban, tras reconocer Robles en la comisión de secretos oficiales del Congreso que el servicio de inteligencia tenía monitorizados con autorización judicial a una veintena de independentistas, entre ellos los siete dirigentes huidos de la justicia con Puigdemont a la cabeza. Días después de la comparecencia de Bolaños, El País y El Confidencial informaron de que también González Laya habría sido víctima del espionaje a su terminal.
