La indagación se centra en el papel que el investigado desempeñó como responsable técnico en la valoración de ofertas de un concurso público, una función que la normativa de contratación exige ejercer con imparcialidad respecto a los licitadores. La pesquisa se suma a otras líneas ya abiertas por la Agencia sobre su gestión al frente de la federación autonómica, en las que se apuntaban posibles cruces entre su actividad como funcionario y sus responsabilidades en el deporte federado.
El procedimiento de contratación municipal obliga a los técnicos que puntúan las propuestas a abstenerse cuando exista cualquier vínculo, directo o indirecto, con alguna de las empresas concursantes. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público regula los supuestos de abstención y recusación de los funcionarios que intervienen en procedimientos administrativos, el marco de referencia con el que Antifraude valora si en este caso se vulneró ese deber.
La empresa beneficiaria del contrato aparece entre los patrocinadores de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana durante el periodo en que el investigado ocupaba la presidencia. Ese solapamiento entre el patrocinio privado a la entidad que dirigía y la adjudicación municipal que él mismo baremó es el que ha motivado la nueva línea de investigación, que se añade a las ya existentes sobre su gestión.
La Agencia Valenciana Antifraude, creada en 2016 a semejanza de otros organismos autonómicos de lucha contra la corrupción, tiene entre sus competencias la investigación de posibles conflictos de interés en la gestión pública valenciana y la protección de quienes denuncian actos de corrupción. Sus informes carecen de carácter sancionador directo, pero pueden derivar en traslados a la Fiscalía o a los órganos de control interno de las administraciones afectadas cuando se aprecian indicios de irregularidad.
El entramado de relaciones que rodea al deporte federado autonómico —federaciones que reciben a la vez subvenciones públicas y patrocinios privados— es el terreno en el que Antifraude ha concentrado buena parte de su actividad fiscalizadora, dada la dificultad de trazar los límites entre gestión pública y privada en estas estructuras. La doble condición del investigado, funcionario municipal y responsable de una federación, encaja en ese perfil de riesgo.
La investigación no ha trascendido con detalle sobre el importe del contrato ni sobre la fecha exacta de la adjudicación cuestionada. El organismo mantiene abierto el expediente mientras recaba la documentación necesaria para determinar si existió una vulneración del deber de abstención por parte del entonces jefe de servicio.
