El texto socialista vincula la medida directamente a lo ocurrido este año y fija la seguridad de la red como una obligación del Estado, en los siguientes términos:
«Tras las tragedias ferroviarias ocurridas en 2026, tenemos la obligación de garantizar la seguridad de la red ferroviaria y recuperar la confianza de quienes viajan y trabajan en ella», recoge el programa del PSOE.
La fórmula de una dirección «profesional y de perfil técnico» apunta a un cambio en el modelo de designación de responsables en Adif y Renfe, dos entidades públicas cuyos consejos de administración han concentrado tradicionalmente perfiles de confianza política, con independencia del color del Gobierno de turno. El Boletín Oficial del Estado contabilizaba 823 altos cargos activos a 30 de mayo, según el recuento ante un posible relevo tras el 29N, una cifra que incluye a responsables de empresas públicas del ámbito del transporte.
Adif, encargada de la gestión de la infraestructura, y Renfe, el operador público, son sociedades mercantiles estatales adscritas al Ministerio de Transportes, cuyos presidentes son nombrados por el Consejo de Ministros. El planteamiento de un pacto de Estado busca sustraer esas decisiones al reparto partidista habitual en las empresas del sector público.
Los siniestros de Adamuz y Urda quedan citados por su nombre en el propio programa como detonante de la propuesta. Ambos han reabierto el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria convencional, históricamente relegada en las inversiones frente a la red de alta velocidad, y sobre los protocolos de mantenimiento y señalización en tramos de menor tráfico. En el ferrocarril español no consta un acuerdo transversal equivalente desde la liberalización del sector, iniciada en 2021 con la entrada de operadores privados en la alta velocidad.
El precedente más próximo de concertación tras un siniestro ferroviario es el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), que el 24 de julio de 2013 causó 80 muertos y abrió un largo proceso judicial y político sobre los sistemas de seguridad y la responsabilidad en la gestión de Adif y Renfe.
La propuesta se enmarca en un periodo de tensión política marcado por la proximidad de una cita electoral. En ese mismo escenario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó que desplegaría el Ejército si Marruecos no nos respeta, un episodio que ilustra el tono del debate sobre competencias estatales ante los comicios.
La mención expresa de Adamuz y Urda en el programa del PSOE convierte la gestión de Adif y Renfe en uno de los asuntos sometidos a escrutinio en la campaña, con la seguridad de la red ferroviaria como eje de la propuesta socialista.