El deterioro no ha sido uniforme en el tiempo. De acuerdo con esos mismos registros, el grueso del ajuste se concentró tras 2011, coincidiendo con los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera y de deuda soberana que afectó a España entre 2010 y 2014. Desde entonces, la partida de prevención no ha recuperado los niveles previos, mientras que el gasto en extinción —los medios aéreos, brigadas y operativos desplegados una vez el fuego ya se ha declarado— se ha mantenido relativamente estable, en torno a los 417 millones de euros anuales según las mismas fuentes.
Ese desequilibrio ha alterado el peso relativo de ambas partidas dentro del presupuesto total contra incendios: la prevención ha pasado de representar el 47% al 30% del gasto. España destina hoy proporcionalmente menos recursos a evitar que el fuego se propague que hace quince años, en un momento en que el cambio climático y el abandono rural elevan el riesgo de incendios más virulentos.
Cortafuegos sin limpiar durante más de una década
La consecuencia más visible del recorte es el estado de las infraestructuras básicas de defensa contra el fuego. En amplias zonas de la Sierra de Madrid, trabajos de perfilado de cortafuegos y retirada de vegetación adjudicados hace once años quedaron paralizados sin retomarse, según denuncias trasladadas por empresas del sector forestal. La Ley de Montes de 2003 obliga a las comunidades autónomas a incluir en sus planes anuales tratamientos selvícolas, áreas cortafuegos y puntos de agua a cargo de los propietarios, pero no fija por sí sola los fondos necesarios: la financiación depende de las administraciones autonómicas y, en último término, de las partidas presupuestarias que cada año se aprueban.
La situación gallega ilustra el alcance del problema a escala europea. Un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea alertó en 2025 de que, para 2024, solo estaban previstas actuaciones en menos de un tercio de los cortafuegos existentes en la comunidad, pese a que la normativa exige revisarlos cada tres años para que mantengan su eficacia. El tribunal comunitario señaló que la falta de mantenimiento periódico compromete la función de estas franjas como barrera física frente al avance de las llamas.
A ese déficit de gestión se suma un fenómeno estructural: el abandono del medio rural. La caída de la actividad agrícola y ganadera en amplias zonas de la España interior y de montaña ha favorecido la acumulación de biomasa —matorral, restos de poda, vegetación no controlada— que convierte en altamente inflamables franjas concebidas para frenar el fuego. Las carreteras, que tradicionalmente actuaban como cortafuegos naturales por la ausencia de vegetación en sus márgenes, también han perdido parte de esa función por la falta de desbroce periódico.
La complejidad administrativa añade otra capa de dificultad. Abrir o mantener un cortafuegos sin la autorización correspondiente puede acarrear sanciones que, en los casos más graves, alcanzan varios cientos de miles de euros, como ocurrió con actuaciones no autorizadas en el Parque Nacional de Cabañeros. Ese marco, pensado para proteger espacios de alto valor ecológico, ha sido señalado por asociaciones forestales como un factor que retrasa o desincentiva intervenciones preventivas en terrenos de titularidad pública y privada.
Expertos y organizaciones del sector, citados en los informes de referencia, cifran en una proporción muy desfavorable el coste de esta brecha: cada euro invertido en prevención ahorraría hasta cien euros en labores de extinción posterior. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha insistido en sucesivos informes sobre gestión forestal en que la inversión preventiva resulta más eficiente, en términos económicos y de vidas humanas, que la respuesta de emergencia una vez iniciado el fuego.
Superficies quemadas de récord en 2025 y 2026
Los veranos de 2025 y 2026 han registrado en España cifras de superficie quemada entre las más elevadas de la serie histórica, en un escenario de olas de calor más frecuentes e intensas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se enmarcan en una tendencia de calentamiento sostenido desde la década de 1980. Los técnicos forestales advierten de la aparición de los llamados incendios de sexta generación, con una velocidad de propagación e intensidad térmica que superan la capacidad de extinción de los medios convencionales, incluso desplegados con rapidez.
El precedente más citado por el sector para ilustrar el riesgo de la falta de prevención es el verano de 1994, cuando España sufrió una de las peores oleadas de incendios de su historia reciente, con más de 400.000 hectáreas calcinadas en pocos meses. Aquella crisis impulsó una primera oleada de inversión en planes de prevención autonómicos durante la segunda mitad de los noventa, un esfuerzo que los datos ahora disponibles muestran revertido parcialmente a partir de la crisis de 2008.
Desde las administraciones autonómicas, principales responsables de la gestión forestal tras las transferencias competenciales derivadas de la Constitución de 1978 y los sucesivos estatutos de autonomía, se ha defendido en distintas ocasiones que los recortes de la última década respondieron a la necesidad de cumplir objetivos de déficit fijados por el Gobierno central y la Unión Europea, y que en los últimos ejercicios se habrían incrementado partidas destinadas a medios de extinción y a la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005 para reforzar la respuesta ante catástrofes naturales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha subrayado en anteriores balances estivales el refuerzo de la coordinación estatal y la mejora de los sistemas de alerta temprana, mientras las organizaciones del sector forestal sostienen que estas medidas no sustituyen a la prevención estructural sobre el terreno, que requiere planificación plurianual y continuidad en la limpieza de montes.
A corto plazo, el foco se mantiene en la extinción de los incendios activos, como el que afecta a la Sierra Oeste de Madrid, con el corte de al menos 13 vías y el despliegue de medios aéreos y terrestres coordinados por la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. La discusión sobre la financiación de la prevención, sin embargo, previsiblemente reaparecerá en el debate presupuestario del próximo otoño, cuando las comunidades autónomas negocien con el Gobierno central las partidas de gestión forestal para 2027, en un contexto en el que el Tribunal de Cuentas europeo ha reclamado mayor trazabilidad y cumplimiento de los plazos legales de revisión de cortafuegos.
