El Ministerio Público sostiene que los cinco encausados integraban el comité ejecutivo de ETA que, según su escrito, tomó la decisión de asesinar a Ordóñez, al que atribuye la condición de primera víctima de relevancia política seleccionada por la cúpula de la organización terrorista. La Fiscalía enmarca el crimen en lo que, según recogen medios como El Correo, denomina estrategia de socialización del sufrimiento, la fase en la que la banda amplió sus objetivos más allá de las fuerzas de seguridad para golpear también a representantes políticos, empresariales y mediáticos.
El escrito imputa a los cinco un delito de asesinato consumado cualificado por alevosía, figura penal que se aplica cuando el autor actúa sobre seguro, sin riesgo para sí y aprovechando la indefensión de la víctima. Ordóñez recibió un disparo por la espalda cuando se encontraba en un establecimiento de San Sebastián, circunstancia sobre la que se apoya la calificación de alevosía. El Código Penal reserva para el asesinato con circunstancias agravantes la horquilla de pena más elevada, cuyo límite superior la acusación fija en los 30 años reclamados.
Una causa en fase intermedia contra la cúpula histórica
Ninguno de los cinco puede considerarse culpable hasta que exista una sentencia firme. El procesamiento acordado por De Jorge en enero de 2025 supone que el instructor apreció indicios racionales de criminalidad suficientes para dirigir el procedimiento contra ellos, pero no equivale a una declaración de responsabilidad penal, que corresponde en exclusiva al tribunal sentenciador tras la vista oral. Presentado ya el escrito de acusación fiscal, procede que las defensas formulen sus calificaciones antes de que la Sala de lo Penal fije fecha de juicio.
La petición por el caso Ordóñez se inscribe en una línea de trabajo más amplia. La Audiencia Nacional mantiene abiertas otras causas contra antiguos jefes de ETA por crímenes ejecutados por comandos subordinados, impulsadas en buena medida por asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia, que litigan bajo la figura de la autoría mediata por dominio de la organización. Esa construcción jurídica sostiene que quienes ocupaban la cúpula ejercían un control absoluto sobre la estructura armada y sus comandos, de modo que pueden ser considerados autores intelectuales de atentados concretos aunque no ejecutaran materialmente el disparo.
Bajo ese mismo paraguas, según el material del caso, se mantienen reactivados los sumarios por el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, cometido en diciembre de 2006, y por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado en julio de 1997. Ambos episodios ilustran la vía por la que la Audiencia Nacional busca sentar en el banquillo no solo a los ejecutores materiales, sino a quienes ocupaban los niveles de mando de la organización, disuelta formalmente en 2018.
El precedente: del juicio a los ejecutores al de los dirigentes
El asesinato de Ordóñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, se produjo en un contexto de escalada de la violencia de ETA contra cargos públicos vascos no nacionalistas, particularmente del PP y del PSOE, en la segunda mitad de los años noventa. El propio asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, dos años después, marcó un punto de inflexión en la reacción social contra la banda, con movilizaciones masivas en toda España.
La instrucción contra la cúpula por el diseño y la decisión última del crimen de Ordóñez es muy posterior al atentado y responde a una estrategia procesal consolidada en los últimos años. El primer gran precedente de imputación a la dirección de ETA como autora mediata se desarrolló a partir de la causa por el asesinato de Blanco, que abrió el camino a esta modalidad de acusación frente a la que tradicionalmente solo perseguía a los miembros de los comandos.
La estrategia no está exenta de dificultades técnicas. Los tribunales han tenido que abordar en los últimos años los efectos de prescripciones, la antigüedad de los hechos —más de tres décadas en el caso Ordóñez— y la valoración de la prueba sobre la cadena de mando, factores que habitualmente invocan las defensas para cuestionar la reapertura de causas de la etapa más violenta de la banda.
Qué sostiene cada parte
La Fiscalía subraya en su escrito que la decisión de matar a Ordóñez no fue una acción aislada de un comando, sino una resolución adoptada en el aparato dirigente de ETA, lo que a su juicio justifica dirigir la acusación contra quienes entonces ocupaban esos cargos. Las asociaciones de víctimas personadas, entre ellas Dignidad y Justicia, sostienen la responsabilidad de los exdirigentes como autores mediatos por dominio de la organización.
Las defensas de Arizcuren, Gracia Arregui, Albisu, Achurra y Aguirre no habían presentado sus escritos de calificación en el momento de conocerse la petición fiscal; conforme al procedimiento, dispondrán de trámite para hacerlo y podrán solicitar la absolución o penas inferiores, así como plantear las cuestiones previas que estimen. Varios de los procesados han cumplido o cumplen condenas por otros delitos de terrorismo, por lo que esta causa se suma a un historial procesal extenso vinculado a la dirección histórica de la banda.
Los próximos pasos
El calendario dependerá ahora de los plazos que fije la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para las calificaciones de las defensas y la resolución de las cuestiones previas, antes de señalar fecha para el juicio oral. Por el momento no consta fecha para el inicio de la vista.
Con esta acusación, la Audiencia Nacional afronta uno de los pocos frentes judiciales que siguen abiertos por los crímenes de la etapa armada de ETA, una banda que anunció el cese definitivo de su actividad en 2011 y su disolución en 2018. La resolución del caso Ordóñez, más de treinta años después del atentado, marcará hasta dónde puede llegar la vía de la autoría mediata para sentar en el banquillo a la antigua cúpula de la organización.
