La sentencia impone la pena capital por seis delitos, encabezados por el principal, calificado como «actos de terrorismo que resultaron en el fallecimiento de personas (en nueve cargos distintos)», según el texto difundido por Petra. A los tres condenados se les imputan además dos delitos de «actos terroristas con armas y municiones» cometidos en complicidad, posesión de armas y tenencia de municiones con fines terroristas, conspiración y promoción de la ideología de un grupo terrorista.
Uno de los tres condenados cargaba también con un delito por «proporcionar fondos destinados a la financiación de actos terroristas», de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía jordana. Los cargos se fundamentan en la Ley Antiterrorista número 55 de 2006 y en el Código Penal número 16 de 1960 del Reino Hachemí.
La condena no es firme. Petra precisó que la resolución, dictada por el Tribunal de Seguridad del Estado, se encuentra en fase de revisión automática antes de cualquier ejecución.
«Esta resolución judicial, dictada por el Tribunal de Seguridad del Estado, está sujeta a recurso ante el Tribunal de Casación y se considera recurrida por ministerio de la ley», informó la agencia oficial jordana Petra.
El atentado conmocionó a Jordania, un país que rara vez registra ataques contra minorías religiosas y que se presenta habitualmente como modelo de convivencia entre comunidades. Las autoridades atribuyeron la autoría al grupo yihadista Estado Islámico, aunque la organización no lo ha reivindicado hasta el momento.
En represalia, Jordania bombardeó varias posiciones en el sur de Siria que consideraba vinculadas al EI, una operación que abrió una brecha diplomática con Damasco. El Gobierno sirio denunció la falta de coordinación previa y calificó los ataques de violación de su soberanía, e informó de al menos siete muertos, entre ellos tres menores y un anciano. Amán, por su parte, aseguró haber abatido a más de una veintena de miembros del EI.
Tras el atentado, el Ejecutivo jordano puso en marcha una reforma legal para endurecer el marco antiterrorista: la propuesta eleva las condenas mínimas de cinco a diez años de prisión y contempla penas de hasta 15 años o la pena capital en determinados supuestos, en línea con la dureza aplicada ya en este caso.
El caso se inscribe en la actividad judicial reciente en torno a investigaciones policiales y patrimoniales de alcance internacional, como la del millonario detenido en Ibiza que admite donaciones a ONG palestinas y a un club tunecino, sin relación directa entre ambos procesos.