Antes de la votación en el pleno, la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea recibió una presentación sobre el contenido de la iniciativa, paso previo al dictamen que llega al Salón Azul para su discusión final, según informó Diario Co Latino.
La UTE fue creada en la década de 1980 como brazo administrativo y financiero de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, instancia integrada históricamente por representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. Su función principal ha sido gestionar cooperación internacional, capacitaciones y programas de modernización para los operadores del sistema de justicia.
Con la disolución, esas atribuciones se integran directamente en el Ministerio de Seguridad, lo que concentra bajo una sola cartera del Órgano Ejecutivo funciones que antes se repartían entre varias instituciones con representación del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
El resultado de 57 votos frente a tres en un pleno de 60 curules refleja una votación con amplia mayoría, aunque no unánime. La fracción mayoritaria de Nuevas Ideas ha impulsado en la actual legislatura reformas con respaldo similar, como ocurrió cuando la bancada oficialista rechazó retomar el estudio de la ley de seguridad privada.
La reorganización se suma a los cambios institucionales del sector seguridad y justicia de los últimos años, entre ellos el fortalecimiento de competencias del Ministerio de Seguridad en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que cumple ya más de cuatro años de aplicación ininterrumpida.
Estructura nacida de los Acuerdos de Paz
La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y su unidad técnica se consolidaron como espacios de articulación interinstitucional tras los Acuerdos de Paz de 1992, que reordenaron el sistema de justicia y la seguridad pública salvadoreña. Su desaparición pone fin a una figura de coordinación que reunía a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público en una misma mesa.
La misma legislatura ha aprobado en meses recientes otras reasignaciones y reformas administrativas, como la que reasignó $97 millones a instituciones públicas o la que creó tres subcategorías de microempresa dentro de la Ley Mype.
La ley aprobada queda pendiente de su publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia, trámite ordinario que marca el inicio de la aplicación de cualquier decreto legislativo en El Salvador.
