El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, pidió en el Salón Azul la dispensa de trámite que permitió tramitar y votar el conjunto de reformas en una misma sesión. Ese mecanismo evita el paso ordinario por comisiones y lo utiliza la mayoría oficialista, que controla la mayor parte de las 60 curules, para acelerar la agenda legislativa.
La reforma sobre el aguinaldo extiende la ventana temporal en la que los empleadores deben cumplir con esta prestación de fin de año, regulada en el Código de Trabajo. Se trata de un beneficio históricamente sensible para el sector patronal, que ha planteado las dificultades de liquidez de las pequeñas y medianas empresas en el último trimestre.
Junto a la ampliación del plazo del aguinaldo, el paquete contempla una exoneración del impuesto sobre la renta para montos de hasta $1,500, que reduciría la carga tributaria sobre ingresos de rango medio-bajo dentro de la estructura salarial salvadoreña.
Las reformas tributarias de este tipo se insertan en el debate más amplio sobre la política fiscal del Órgano Ejecutivo, que en los últimos años ha combinado incentivos sectoriales con negociaciones de sostenibilidad de las finanzas públicas, incluido el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, cuyo costo para la población ha sido cuestionado en distintos análisis, entre ellos la columna de Villalona que critica el acuerdo con el FMI.
El tercer eje introduce un marco regulatorio específico para proyectos de inteligencia artificial, en línea con la estrategia con que el Órgano Ejecutivo busca posicionar a El Salvador como plaza de innovación tecnológica y comercio digital, discurso que ha sostenido la embajadora salvadoreña al afirmar que el país ya forma parte de la nueva economía digital global.
Esta apuesta normativa se suma a otros marcos aprobados en años recientes para atraer inversión en sectores emergentes, entre ellos el régimen de activos digitales que sostiene a la Comisión Nacional de Activos Digitales, que ha reportado 156 empresas registradas y $633 millones en tokenización inmobiliaria al cumplir tres años de operación. El antecedente más directo es la Ley Bitcoin de 2021, con la que la Asamblea Legislativa convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar esa criptomoneda como moneda de curso legal.
El paquete de seis iniciativas queda pendiente de su publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia, trámite que en la práctica legislativa salvadoreña marca el punto de partida para su aplicación ante empleadores, contribuyentes y desarrolladores de proyectos tecnológicos.
