El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha encendido la mecha esta tarde al declarar que sería inaceptable que el Tribunal Supremo retrasara la sentencia más allá del 17 de mayo, porque los ciudadanos andaluces merecen ir a votar con toda la información disponible. La frase, calculada para los titulares, ha provocado una reacción en cadena: Patxi López, portavoz del PSOE, ha acusado al PP de presionar al poder judicial y de utilizar la causa como arma de destrucción electoral, mientras que Sumar ha pedido respeto a los tiempos judiciales y Vox ha exigido que la sentencia incluya la inhabilitación perpetua de Ábalos.
La complejidad del caso, que ha abarcado catorce sesiones de juicio oral con más de sesenta testigos y cuarenta y siete pruebas documentales, exige un proceso de deliberación que la Sala Segunda del Supremo no abreviará por presiones externas. El ponente de la sentencia, el magistrado Pablo Llarena, deberá redactar un texto que se estima superará las trescientas páginas, dado el volumen de hechos probados y la multiplicidad de delitos imputados.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal general Alejandro Luzón, ha mantenido íntegramente su calificación final: veinticuatro años de prisión para José Luis Ábalos por prevaricación continuada, cohecho, malversación de caudales públicos y organización criminal; diecinueve años y medio para Koldo García por los mismos delitos excepto prevaricación; y siete años para Víctor de Aldama por cooperación necesaria en cohecho y blanqueo de capitales. La defensa de Ábalos, por su parte, ha reiterado su petición de absolución, argumentando que todas las decisiones sobre la compra de mascarillas fueron colegiadas y contaron con el visto bueno de la Abogacía del Estado.
El cierre del juicio el miércoles estuvo marcado por un incidente protagonizado por el propio Ábalos, quien en su última intervención abandonó el guion preparado por sus abogados para lanzar un ataque frontal contra la Fiscalía, el juez instructor, Aldama y la prensa. Durante más de quince minutos, el exministro acusó a Luzón de servir a intereses políticos, calificó a Aldama de delincuente confeso que miente para reducir su pena y denunció una campaña mediática orquestada para destruirle. El presidente de la Sala tuvo que interrumpirle en dos ocasiones para pedirle que se ciñera a los hechos.
La Audiencia Nacional ha añadido una capa de complejidad al solicitar al Supremo que incorpore al sumario las declaraciones prestadas por Aldama y Koldo García en la línea de investigación paralela sobre las adjudicaciones de mascarillas en Baleares. Esta petición, formulada el jueves, podría obligar a los magistrados a tener en cuenta hechos que no fueron directamente debatidos en el juicio oral, lo que las defensas ya han anunciado que impugnarán como una vulneración del principio de contradicción.
En el plano político, la coincidencia del final del juicio con la recta final de la campaña andaluza ha generado un efecto paradójico. Por un lado, el PP intenta vincular al PSOE-A con la corrupción de Ábalos, recordando que fue ministro socialista y que las mascarillas investigadas se compraron con dinero público destinado a la pandemia. Por otro, el PSOE responde que el caso Koldo es un asunto del pasado que Sánchez resolvió con la destitución de Ábalos y que no tiene ninguna conexión con la candidatura de Juan Espadas en Andalucía.
Los sondeos sugieren que el caso Koldo tiene un efecto asimétrico en el electorado andaluz. Según la última oleada del CENTRA, publicada esta semana, el 67 por ciento de los votantes del PP considera que la corrupción del Gobierno central es un motivo importante para su voto, mientras que solo el 23 por ciento de los votantes del PSOE comparte esa percepción. Entre los indecisos, un 41 por ciento afirma que la sentencia podría influir en su decisión, un dato que explica la urgencia del PP por conocer el fallo antes de las urnas.
La deliberación del Supremo se desarrollará en un contexto de máxima exposición mediática. Las principales cadenas de televisión han anunciado programas especiales para el día en que se conozca la sentencia, y los digitales tienen preparados equipos de seguimiento en tiempo real. Los magistrados, conscientes de la presión, han blindado la confidencialidad de sus deliberaciones: la Sala Segunda ha emitido una circular interna en la que prohíbe cualquier contacto con medios de comunicación y recuerda que la filtración de deliberaciones es un delito contra la Administración de Justicia.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, la sombra del caso Koldo sigue proyectándose sobre la legislatura. Varios diputados socialistas han reconocido en privado que la sentencia, sea cual sea su sentido, marcará un punto de inflexión para el Gobierno de Sánchez. Si es condenatoria, la oposición dispondrá de un argumento demoledor para exigir responsabilidades políticas. Si es absolutoria, el PSOE intentará presentarla como la demostración de que todo fue una cacería judicial. En cualquier caso, el fantasma de Koldo seguirá presente mucho después del 17-M.
A las puertas del Supremo, esta tarde de sábado, el silencio es total. Los funcionarios de guardia custodian un edificio vacío en el que, a partir del lunes, los siete magistrados de la Sala Segunda comenzarán a escribir una de las sentencias más esperadas de la democracia reciente. Fuera, España sigue debatiendo si la justicia debe esperar a la política o si la política debe esperar a la justicia. La respuesta, como siempre, la tienen quienes deliberan a puerta cerrada.
