La Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró este martes visto para sentencia el caso Koldo tras concluir catorce sesiones de vista oral, poniendo fin al mayor proceso penal contra altos cargos del Gobierno en la historia de la democracia española. El magistrado Manuel Marchena actuará como ponente de una resolución que la Fiscalía Anticorrupción pide que condene al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a veinticuatro años de prisión, al ex asesor ministerial Koldo García a diecinueve años y medio, y al intermediario Víctor de Aldama a siete años. La sentencia no se espera antes de las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo.
Por qué importa este proceso
El caso Koldo es, por su naturaleza y por el rango institucional de los acusados, el juicio penal de mayor relevancia política celebrado en el Tribunal Supremo desde la restauración de la democracia. La causa afecta a un ex miembro del Consejo de Ministros, lo que implica el aforamiento ante la Sala Segunda y convierte a Marchena, presidente de dicha sala y figura central en el juicio del procés, en el juez natural de la ponencia. Las penas solicitadas por Anticorrupción, que superan los diecinueve años para el ex asesor y alcanzan los veinticuatro para el ex ministro, sitúan la acusación en la franja más alta de las peticiones fiscales registradas en causas de corrupción en España.
La denuncia de Koldo García: un abogado y una oferta de colaborar mintiendo
La revelación más disruptiva de la jornada de cierre provino del propio Koldo García, quien en su última intervención ante la sala denunció que un letrado con vínculos con el Partido Popular le había propuesto colaborar con la acusación a cambio de falsear su testimonio, esto es, de engañar a todos los españoles. García no aportó, según el material disponible, documentación adicional en sala, pero la denuncia quedó registrada en el acto oral ante el tribunal. El PP no había respondido públicamente a esta acusación en el momento del cierre de las sesiones. La sala, en la fase de deliberación, tendrá que ponderar el valor procesal de esa manifestación.
El alegato final de Ábalos
José Luis Ábalos aprovechó su turno de última palabra para lanzar un alegato que, según el material de referencia, apuntó en múltiples direcciones simultáneas: cuestionó la actuación del fiscal, impugnó la instrucción del juez García Castellón, cargó contra Víctor de Aldama y dirigió críticas a los medios de comunicación. El ex ministro, que encabeza la tabla de penas solicitadas, utilizó así el derecho a la última palabra —una garantía procesal reconocida en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al acusado intervenir al margen de su defensa letrada— para construir un discurso de descargo político además de jurídico.
El peso institucional de Marchena como ponente
La designación de Manuel Marchena como ponente de la sentencia añade un componente institucional de primer orden al desenlace del proceso. Marchena preside la Sala Segunda desde 2017 y fue el magistrado que dirigió el juicio oral del procés celebrado en 2019, el proceso penal de mayor repercusión política de la democracia española hasta la fecha. En el sistema español, el ponente es el magistrado encargado de redactar la propuesta de sentencia que somete a deliberación del pleno de la sala; su criterio jurídico tiene, por tanto, peso determinante aunque la decisión sea colegiada.
Cronología del procedimiento y próximos pasos
El caso Koldo llegó a la fase de juicio oral tras una instrucción que se prolongó varios años bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional José Luis García Castellón, cuya actuación en la fase previa fue también objeto de controversia pública y judicial. Las catorce sesiones de vista oral culminan ahora con el periodo de deliberación interna de la sala, una fase sin plazos legales tasados que en causas de complejidad comparable puede extenderse semanas o meses. El texto completo de la sentencia se espera, según los calendarios manejados, entre finales de mayo y principios de junio, una vez celebradas las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo.
Las posiciones de las partes al cierre del juicio
La Fiscalía Anticorrupción mantuvo hasta el final las peticiones de condena más elevadas del proceso. Koldo García, por su parte, no solo ejerció su defensa sino que formuló una denuncia de interferencia externa que, de acreditarse, tendría consecuencias que trascenderían el propio juicio. Ábalos optó por una estrategia de ataque generalizado en su última intervención. Víctor de Aldama, con la pena fiscal más baja de los tres acusados principales, completó el cuadro de partes en una causa en la que los intereses y las narrativas de cada acusado han mostrado divergencias significativas a lo largo de las sesiones.
Qué viene después
La sentencia, cualquiera que sea su fallo, será susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si los condenados —en caso de haberlos— alegan vulneración de derechos fundamentales. En causas de esta envergadura, la resolución definitiva puede demorarse años adicionales si se activan todas las vías de impugnación previstas en el ordenamiento. El caso Koldo entra así en su fase más silenciosa y determinante: la deliberación a puerta cerrada de la Sala Segunda.
