El caso Koldo ha entrado en la fase más opaca y decisiva de todo proceso judicial: la deliberación. Manuel Marchena, el magistrado que presidió el juicio del procés y que ha dirigido las 43 sesiones del caso Koldo con su habitual mezcla de erudición y severidad, comenzó la redacción de la ponencia de la sentencia el pasado lunes, según fuentes del Tribunal Supremo que pidieron anonimato. La ponencia, que después será debatida y votada por los cinco magistrados de la sala, debe pronunciarse sobre una causa que la Fiscalía ha estructurado en cuatro bloques: la adjudicación irregular de contratos de mascarillas por valor de 72 millones de euros durante la pandemia, con comisiones del 6 al 12 por ciento pagadas a intermediarios vinculados a Koldo García; la participación de Ábalos como inductor y beneficiario final de la trama, una acusación que el exministro niega categóricamente y que su defensa atribuye a una fabricación de pruebas por parte de la UCO; el papel de Víctor de Aldama como broker de las operaciones y testigo cooperante cuya credibilidad la defensa ha cuestionado sistemáticamente; y la existencia de una organización criminal estable con reparto de funciones, una calificación que la defensa rechaza por considerar que se trata, en el peor de los casos, de actos individuales de corrupción sin estructura organizativa.
La petición de 24 años de prisión para Ábalos representa la condena más alta solicitada por la Fiscalía contra un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, y su magnitud refleja la gravedad que el Ministerio Público atribuye a los hechos. El desglose de la petición —12 años por cohecho agravado, 8 años por tráfico de influencias con ánimo de lucro y 4 años por pertenencia a organización criminal— implica que la Fiscalía considera probado no solo que Ábalos se benefició económicamente de la trama sino que la dirigió de forma activa, una tesis que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, fundamentó en 340 comunicaciones intervenidas por la UCO, 47 transferencias bancarias rastreadas por el SEPBLAC y el testimonio de Aldama, que declaró durante cuatro días identificando a Ábalos como el cerebro de una red que se extendía desde los contratos de emergencia de la pandemia hasta operaciones inmobiliarias en el Corredor del Henares. La defensa de Ábalos, dirigida por el penalista Gonzalo Boye, contraatacó durante el juicio con dos líneas argumentales: la falta de pruebas directas que vinculen al exministro con las comisiones, ya que todas las transferencias pasaron por cuentas de terceros, y la impugnación de la credibilidad de Aldama, cuyo acuerdo de conformidad con la Fiscalía incluye una reducción de pena que la defensa califica de compra de testimonio.
El calendario estimado para la sentencia del caso Koldo sitúa el pronunciamiento a finales de mayo o principios de junio, un timing que genera una intersección política explosiva con las elecciones andaluzas del 17-M y con la investidura pendiente en Castilla y León. Si Marchena entrega la ponencia a los cuatro magistrados restantes de la sala antes del 20 de mayo, como las fuentes del Supremo consideran probable, el plazo habitual de deliberación de 7 a 10 días situaría la sentencia entre el 27 de mayo y el 2 de junio, exactamente en la franja posterior al 17-M pero anterior al juicio de Begoña Gómez. Una condena de Ábalos sería un golpe devastador para el PSOE en un momento de extrema vulnerabilidad electoral, pero también un alivio paradójico para Moncloa, que lleva meses intentando distanciarse del exministro al que Sánchez destituyó en noviembre de 2024 tras las primeras revelaciones de la UCO. Una absolución, en cambio, reforzaría la narrativa del lawfare que el PSOE ha construido en torno a los procesos judiciales que afectan a miembros del Gobierno, pero dejaría sin resolver las preguntas sobre los 72 millones en contratos y las comisiones que la trama generó.
En la Audiencia Nacional, la fase documental de la operación Kitchen ha comenzado con un obstáculo procesal que podría alterar el curso del juicio. La defensa del comisario José Manuel Villarejo, encabezada por el letrado Antonio García Cabrera, presentó la semana pasada un escrito de 87 páginas en el que cuestiona la cadena de custodia de 47 de los 312 documentos que la acusación pretende incorporar al acervo probatorio. Los documentos cuestionados incluyen actas de intervención telefónica, informes de vigilancia sobre Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, y registros de los fondos reservados del Ministerio del Interior que supuestamente financiaron la operación de espionaje. La defensa argumenta que estos documentos fueron extraídos de los archivos policiales sin el correspondiente acta de incautación judicial, que algunos presentan inconsistencias en las fechas de creación digital y que la cadena de custodia se rompió cuando los originales permanecieron durante 14 meses en dependencias de la Comisaría General de Información antes de ser entregados al juzgado. La Sección Segunda de la Audiencia debe resolver sobre esta cuestión antes de continuar con la fase documental, una decisión que podría excluir pruebas clave y debilitar significativamente la posición de la acusación.
El caso Kitchen tiene una dimensión política que trasciende los tribunales porque afecta directamente al Partido Popular y a la herencia de Mariano Rajoy. La operación, según la acusación, consistió en utilizar a un policía infiltrado, el agente Sergio Ríos, para espiar a Bárcenas y obtener documentación comprometedora sobre la financiación irregular del PP antes de que el extesorero pudiera entregarla a la Justicia. Los principales acusados son el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, además del propio Villarejo, que actuó como coordinador operativo desde la Comisaría General de Información. La fase documental que comienza hoy es crucial porque los documentos son la prueba más sólida de que la operación existió como tal y no fue, como sostiene la defensa de Fernández Díaz, una serie de actuaciones policiales legítimas de lucha contra la corrupción. Si la Audiencia excluye los 47 documentos cuestionados, la acusación perderá gran parte del sustento de su tesis sobre la financiación de la operación con fondos reservados, un elemento central del caso que la defensa ha intentado desmontar desde el primer día.
El tercer frente judicial de la jornada es el auto firmado anoche por el juez Juan Carlos Peinado en el que rechaza por quinta vez el archivo del caso contra Begoña Gómez y confirma la celebración del juicio con jurado popular para el 2 de junio. Peinado argumenta que los correos electrónicos intervenidos, las declaraciones de cuatro testigos y los informes de la UCO sobre las reuniones que Begoña Gómez mantuvo con empresarios que posteriormente obtuvieron contratos públicos constituyen indicios racionales de criminalidad suficientes para justificar la apertura de juicio oral. La decisión de celebrar el juicio con jurado popular, una prerrogativa que Peinado ha ejercido pese a la oposición de la Fiscalía y de la defensa, añade un componente de incertidumbre al proceso porque el jurado popular es más impredecible que un tribunal profesional y porque la selección de jurados en un caso con tanta carga mediática plantea desafíos de imparcialidad.
La confluencia de los tres frentes judiciales en una sola jornada no es casual sino el resultado de una aceleración procesal que los observadores atribuyen a la presión política y mediática que pesa sobre los tribunales. El Supremo quiere resolver el caso Koldo antes del verano para evitar que la deliberación se prolongue durante los meses de julio y agosto, cuando la actividad judicial se reduce. La Audiencia Nacional necesita completar la fase documental de Kitchen antes de junio para cumplir con los plazos del auto de apertura de juicio oral. Y Peinado, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, siente la presión de fijar una fecha de juicio para desmentir las acusaciones de dilación que tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez le han dirigido desde distintas posiciones. El resultado es una mañana judicial que concentra más carga política que procesal, un espejo de la España actual donde los tribunales se han convertido en el campo de batalla donde se dirimen las guerras que la política no consigue resolver.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la jornada de hoy supone enfrentar simultáneamente las tres amenazas judiciales que han condicionado su segunda legislatura. El caso Koldo amenaza con una sentencia condenatoria que confirmaría la existencia de una trama de corrupción dentro del propio ejecutivo, una mancha que el PSOE ha intentado circunscribir a la figura de Ábalos pero que la sentencia podría extender hacia otros responsables políticos. La operación Kitchen, aunque se dirige contra el PP, plantea el riesgo de que la exclusión de pruebas debilite el relato del lawfare que Moncloa ha construido para deslegitimar los procesos judiciales contra miembros del entorno presidencial. Y el juicio de Begoña Gómez, fijado para el 2 de junio con jurado popular, promete semanas de cobertura mediática que mantendrán a la familia presidencial bajo un foco del que Sánchez lleva meses intentando escapar. La estrategia de Moncloa para navegar este triple frente judicial combina la distancia institucional —el presidente no comenta procesos judiciales en curso— con la ofensiva comunicativa —los portavoces del PSOE repiten que todos los casos contra el Gobierno son fabricaciones de una derecha judicial aliada con el PP—, un equilibrio que funciona en los platós de televisión pero que tiene fecha de caducidad: el día que caiga la primera sentencia.
