Un informe pericial elaborado por dos ingenieros informáticos de la empresa Ondata ha acreditado que la cadena de custodia de tres discos duros incautados al comisario José Manuel Villarejo durante los registros practicados en noviembre de 2017 presenta irregularidades graves: los dispositivos fueron conectados a un equipo ajeno al circuito policial oficial, lo que invalida la trazabilidad jurídica de las evidencias. La revelación, aportada por la defensa de Villarejo al procedimiento judicial en curso, se produce en un momento en que el empresario Ignacio Pérez Dolset ha señalado directamente a los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal como impulsores políticos de la operación Kitchen, mientras la Fiscalía mantiene abierta la búsqueda de lo que denomina la figura de la 'X política': la persona de máximo nivel que habría dado la orden de poner en marcha ese dispositivo de espionaje contra el extesorero Luis Bárcenas.
La cadena de custodia, pieza clave del proceso penal
En el derecho procesal español, la cadena de custodia es el conjunto de procedimientos que garantiza la integridad, autenticidad e inalterabilidad de los efectos intervenidos desde el momento de su incautación hasta su presentación en juicio. Cualquier ruptura en ese itinerario —una conexión no registrada, un acceso no autorizado a un soporte digital, una transferencia de datos fuera del protocolo— puede determinar la nulidad de la prueba afectada o, al menos, restar valor probatorio a su contenido. El informe de Ondata, según el material presentado por la defensa, documenta precisamente ese escenario: tres de los dispositivos registrados en las propiedades de Villarejo habrían sido accedidos mediante un equipo externo al circuito policial, sin constancia oficial de dicho acceso.
Lo que afirma el peritaje y lo que está en juego
Los dos ingenieros informáticos firmantes del informe han constatado, a través del análisis forense de los metadatos y los registros de actividad de los discos duros, la existencia de conexiones que no constan en los atestados de la intervención policial de noviembre de 2017. La defensa de Villarejo utiliza este hallazgo para cuestionar la validez del material probatorio obtenido en aquellos registros, que constituyen uno de los pilares de la instrucción que pesa sobre el comisario en el caso conocido como Tándem. Si el tribunal asumiera los argumentos periciales, parte de la base documental y audiovisual del procedimiento quedaría en entredicho.
Pérez Dolset apunta a Fernández Díaz y Cospedal
En paralelo, el empresario Ignacio Pérez Dolset ha declarado en el marco del proceso que tanto Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, como María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, 'conocían y autorizaban las actividades de espionaje a Bárcenas'. Se trata de las declaraciones de mayor calado político vertidas hasta ahora en relación con la operación Kitchen, el dispositivo que, según la acusación, habría empleado fondos reservados y a un confidente policial para sustraer documentación comprometedora en poder del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en un contexto de negociaciones sobre su situación judicial.
La 'X política' que busca la Fiscalía
La Fiscalía, por su parte, ha trasladado al procedimiento que la investigación aún no ha logrado identificar a la persona de máximo nivel del Partido Popular que habría ordenado la operación. La expresión 'X política', empleada en sus escritos, resume una de las incógnitas centrales de una causa que lleva años transitando por los juzgados de la Audiencia Nacional. La instrucción ha imputado ya a varios exaltos cargos del Ministerio del Interior, pero la cúpula política decisora permanece, según la Fiscalía, sin determinar formalmente.
Antecedentes y arquitectura del caso
La operación Kitchen se investiga como un presunto uso ilícito de medios del Estado —fondos reservados y agentes policiales actuando al margen de sus funciones— con un fin de naturaleza política: neutralizar la capacidad de Luis Bárcenas de perjudicar al PP con la documentación que obraba en su poder, en un periodo en que el extesorero afrontaba graves cargos penales por el caso Gürtel. La causa es, en su diseño, una de las más complejas de la historia judicial reciente española: combina delitos de cohecho, revelación de secretos, malversación y organización criminal, con ramificaciones que alcanzan a la cúpula policial y a la dirección política del partido entonces en el Gobierno.
Posiciones de las partes
Fernández Díaz y Cospedal han negado en todo momento su implicación en la operación. Ninguno de los dos ha reconocido haber ordenado o conocido el dispositivo de espionaje descrito por la acusación. La defensa de Villarejo, con el peritaje informático como nueva herramienta, persigue una doble estrategia: desacreditar las pruebas materiales obtenidas en 2017 y reforzar la tesis de que el comisario actuó en todo momento al servicio de una cadena de mando política que aún no ha sido plenamente esclarecida por la justicia.
Prospectiva: claves de lo que viene
El tribunal deberá pronunciarse sobre la validez del informe pericial y su efecto sobre el material probatorio cuestionado, una decisión que podría alterar el perímetro de la instrucción. Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene abierta la vía para identificar a la denominada 'X política', lo que convierte las declaraciones de Pérez Dolset en un elemento de presión sobre los investigados y en un factor que puede acelerar nuevas diligencias. La convergencia de ambas líneas —la impugnación de pruebas por parte de la defensa y la búsqueda del último eslabón político por parte de la acusación pública— sitúa el caso Kitchen en una fase que sus partes describen como decisiva.
