Manuel Morocho, jefe del grupo de investigación financiera de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que destapó la contabilidad paralela del Partido Popular, declaró ante la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen que sus mandos le transmitieron instrucciones verbales para no incluir al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como posible perceptor de dinero procedente de la caja B del PP. 'Me dijeron que esa línea no se tocaba', afirmó el agente en sala, según recoge el material de la vista oral.
La presión sobre la investigación
El testimonio de Morocho introduce un elemento de singular gravedad en un procedimiento que ya juzga, entre otros hechos, si la denominada operación Kitchen —un dispositivo policial clandestino ejecutado con medios del Estado— tuvo como finalidad sustraer documentación comprometedora en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas antes de que pudiera llegar a la justicia. La declaración del jefe del grupo de investigación financiera añade ahora una dimensión interna: la posibilidad de que la limitación del alcance de las pesquisas sobre la financiación ilegal del partido no fuera solo consecuencia de Kitchen, sino que se produjo también desde dentro de la propia cadena de mando policial.
Por qué importa este testimonio
La relevancia procesal de lo declarado radica en que Morocho no es un testigo periférico. Era el responsable directo de la investigación financiera que documentó la existencia de una contabilidad paralela en el PP, pieza central de la causa que derivó en la condena del partido como beneficiario a título lucrativo en la sentencia de la Gürtel dictada por la Audiencia Nacional en 2018. Que el jefe de ese grupo afirme haber recibido instrucciones de no extender la investigación hacia el entonces presidente del Gobierno convierte su declaración en un indicio que el tribunal deberá ponderar en relación con el resto de la prueba practicada.
Qué es el caso Kitchen
La operación Kitchen es el nombre con el que se conoce el procedimiento por el que, según la acusación, el Ministerio del Interior habría organizado, con cargo a fondos reservados y mediante el uso de un confidente policial próximo a Bárcenas, una operación encubierta e ilegal para hacerse con documentos y dispositivos electrónicos del extesorero. El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional analiza si esa operación constituyó un delito de cohecho, revelación de secretos, malversación y otros tipos penales, y si sus responsables actuaron con conocimiento o instrucción de la cúpula política del Ministerio. Varios ex altos cargos del Interior durante el Gobierno de Rajoy figuran entre los acusados.
El contexto de la caja B del PP
La contabilidad paralela del PP, conocida popularmente como 'caja B', fue el objeto de la investigación de la UDEF que Morocho dirigió. La existencia de esa contabilidad fue acreditada judicialmente y dio lugar a la condena del PP en la causa Gürtel. En el sistema español, la financiación ilegal de partidos políticos está tipificada como delito desde la reforma del Código Penal de 2015, si bien los hechos investigados en estas causas son anteriores a esa reforma y se juzgan conforme a la legislación vigente en el momento de su comisión. La caja B del PP documentaba, según las actuaciones judiciales, pagos en negro a dirigentes del partido, extremo que la formación siempre negó de forma institucional.
Las instrucciones verbales y su valor probatorio
El hecho de que las presuntas instrucciones fueran verbales —según relató el propio Morocho— plantea una dificultad probatoria inherente: la ausencia de soporte documental directo. En procedimientos penales de esta naturaleza, los tribunales españoles han valorado habitualmente el testimonio de agentes en activo o en situación de reserva como prueba de cargo cuando resulta coherente, persistente y no contradicho por otros elementos del plenario. La defensa de los acusados tendrá la posibilidad de impugnar esa declaración en turno de preguntas y mediante la proposición de prueba de descargo, garantías propias del proceso penal acusatorio que rige en España.
Posición de las partes
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han sostenido a lo largo del procedimiento que Kitchen fue una operación de Estado al servicio de intereses partidistas. Las defensas han negado de forma sistemática esa tesis y han cuestionado la cadena de mando que las acusaciones atribuyen a sus clientes.
Lo que queda por resolver
El juicio continúa su curso en la Audiencia Nacional. La declaración de Morocho se suma a un cuadro probatorio que el tribunal deberá valorar en su conjunto al dictar sentencia. La pregunta que su testimonio deja abierta —si la limitación de la investigación sobre Rajoy como posible perceptor de fondos negros respondió a una instrucción orgánica dentro de la Policía y, en su caso, quién la dio y con qué cobertura— es una de las que el fallo deberá abordar, directa o indirectamente, para fijar los hechos probados de una causa que afecta al corazón del sistema de control democrático sobre los cuerpos de seguridad del Estado.
