Lucas, de 82 años, se entregó a las autoridades el jueves, según informó el Departamento de Justicia. Los cargos incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero, y se suman a un registro que el FBI realizó en mayo en la oficina de la senadora en su ciudad natal, Norfolk, y en una tienda de cannabis en la que tiene participación accionaria. En aquel momento, Lucas calificó el operativo como un intento de intimidación.
Presidenta pro tempore del Senado estatal desde hace seis años y legisladora desde 1992, Lucas encabeza además el comité de finanzas de esa cámara, instancia por la que debe pasar toda iniciativa con impacto presupuestario. Según el FBI, utilizó esa posición para blindar su operación del escrutinio penal y para influir en legislación que beneficiara sus intereses económicos. Desde ese cargo dirige la cámara en ausencia del vicegobernador.
Casi 5 millones de dólares en ganancias ilícitas
Patel detalló que, en los últimos cinco años, Lucas "acumuló casi 5 millones de dólares en ganancias ilícitas mediante su red criminal" y calificó su conducta como "el verdadero epítome de la hipocresía para un funcionario público".
"Ocupó un puesto de gran confianza por casi cuatro décadas y fue presidenta pro tempore del Senado estatal de Virginia los últimos seis años. Durante ese tiempo, según la acusación, ella y sus seis cómplices, en lugar de servir al público, como debían, crearon una organización criminal para enriquecerse, con ventas a través del negocio de la marihuana y cbd", declaró Kash Patel, director del FBI.
La respuesta de la senadora llegó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que no abordó el fondo de las acusaciones pero denunció que el gobierno federal ejerció "todo su peso" contra una bisabuela.
"No me intimidarán. No me amedrentarán. Y no daré marcha atrás", expresó L. Louise Lucas, senadora estatal de Virginia, en el comunicado difundido tras conocerse la acusación.
Brian Woolfolk, principal asesor jurídico del Fondo de Defensa Legal de Lucas, cuestionó el proceso. "Este es el circo que siempre esperábamos que fuera, y aguardaremos más detalles para tener una respuesta más específica", señaló.
El caso se produce en momentos en que el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump enfrenta cuestionamientos por procesos contra adversarios políticos del presidente. Blanche rechazó cualquier insinuación en ese sentido y afirmó que la investigación comenzó antes de que iniciara el segundo mandato de Trump en enero de 2025. "No tomamos represalias políticas", dijo a los periodistas. Una persona familiarizada con el registro de mayo señaló entonces a The Associated Press que la investigación se abrió durante el gobierno del demócrata Joe Biden.
Crítica abierta del gobierno de Trump y firme defensora de la legalización de la marihuana, Lucas se asoció en 2021 para abrir una tienda de productos de cáñamo y CBD, aunque en Virginia las ventas minoristas recreativas de la droga aún no han comenzado pese a que su posesión es legal. La legisladora también dirige una red de empresas que prestan servicios residenciales y de transporte a adultos con discapacidades intelectuales.
Los expedientes judiciales del caso permanecieron sellados durante meses. A principios de este año, el Departamento de Justicia notificó a periodistas, políticos y personas del entorno de Lucas que sus comunicaciones con ella habían sido interceptadas mediante una intervención telefónica autorizada por un tribunal, vigente durante dos periodos de un mes. En el momento del registro, varios demócratas salieron a defender a la senadora y expresaron escepticismo sobre los fundamentos del operativo.
