Camarero resumió su posición en una frase directa contra el Ejecutivo, al que atribuyó ocho años de inacción en política de vivienda:
"El Gobierno ataca al sector turístico porque no ha hecho nada en materia de vivienda en ocho años", afirmó José Camarero, secretario autonómico de Turismo.
La cifra de ocho años remite al periodo que arranca con la llegada de Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy. El secretario autonómico sostiene que el Ejecutivo central habría optado por señalar al sector turístico como responsable de un problema que, según su argumento, tiene su origen en la ausencia de políticas de vivienda durante ese tramo.
El pulso entre las administraciones del PP y el Gobierno por la vivienda se ha intensificado conforme el acceso a un piso se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto social. En Madrid, miles de personas han exigido en la Puerta del Sol el llamado 'Decreto Maricarmen', un paquete de medidas impulsado por el sindicato de inquilinas que reclama mayor protección frente a desahucios y subidas de alquiler. El Ayuntamiento de Madrid rechazó incluir en el programa Reviva la vivienda de la propia Maricarmen, al descartar hacerse cargo de su situación hipotecaria.
El choque tiene raíz competencial. La Ley de Vivienda estatal, aprobada en 2023, introdujo mecanismos como la declaración de zonas tensionadas y límites a la actualización de rentas, pero su aplicación depende en gran medida de las comunidades autónomas. Varias de ellas, gobernadas por el PP, no han declarado zonas tensionadas en sus territorios, un reparto que alimenta el cruce de acusaciones sobre quién es responsable último de la escasez de vivienda asequible.
El debate sobre la incidencia del alquiler turístico en el mercado residencial no es exclusivo de España. Barcelona anunció la eliminación progresiva de las licencias de pisos turísticos con horizonte en 2028, un movimiento replicado en otras capitales europeas como Ámsterdam o Lisboa, donde la presión del turismo sobre el precio de la vivienda ha generado tensiones similares entre administraciones locales y el sector.
El Gobierno central ha defendido en distintas ocasiones que la proliferación de pisos turísticos detrae oferta del mercado de alquiler residencial, especialmente en zonas de alta demanda. Frente a ese diagnóstico, representantes del sector y de comunidades gobernadas por el PP sostienen que el impacto real de estas viviendas en el precio general del alquiler es menor del que se le atribuye desde el Ejecutivo, y reclaman mayor inversión en vivienda pública y agilización del suelo urbanizable.
