Ortiz abrió su carta con una nota de ironía sobre el tiempo que Amador dedicó a contestarle. "Se agradece la atención, aunque uno se pregunta si no habría sido mejor empleada en alguno de esos pendientes", escribió, en referencia a la agenda que enfrenta el secretario de Hacienda: el paquete económico, el déficit fiscal y el riesgo de que las calificadoras revisen a la baja la nota crediticia del país.
El exfuncionario precisó que en ningún momento disputó la reducción de la pobreza ni el incremento del salario mínimo durante la actual administración. "Son, sin ambigüedad, logros reales y los reconozco como tales", escribió. Sin embargo, insistió en que buena parte de esa mejora se explica por transferencias directas de programas sociales, cuyo costo, dijo, se acerca al 3% del PIB y a una décima parte del gasto neto total del gobierno federal.
Sobre esa base, Ortiz sostuvo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 vuelve a apoyarse en mayor endeudamiento, con un superávit primario que calificó de insuficiente para contener la trayectoria de la deuda pública, pese a ser ligeramente superior al de ejercicios anteriores. Como respaldo, citó cifras del Inegi sobre una caída récord en el número de patrones afiliados al IMSS en meses recientes, fenómeno que consideró "un síntoma preocupante que afecta la creación de empleos".
La disputa por el Fobaproa
El punto de mayor tensión de la carta remite a la crisis financiera de 1995 y al rescate bancario instrumentado a través del Fobaproa. Ortiz recordó que entonces fue necesario reunir un paquete de apoyo internacional por 50,000 mdd, con la participación de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales, entre otros organismos, para evitar el colapso del sistema bancario mexicano.
"Aquí el secretario tiene una confusión, pues sostiene que el Fobaproa rescató a banqueros con dinero público. Es falso", manifestó Ortiz, quien defendió que el mecanismo tuvo como finalidad proteger a los depositantes, no a los accionistas de los bancos.
"Gracias al Fobaproa ni un solo mexicano perdió un peso de sus ahorros en esa crisis. Y todos los dueños de los bancos del sistema bancario perdieron su capital", aseveró Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y exgobernador de Banxico.
El exfuncionario planteó directamente a Amador una pregunta sobre cómo habría actuado él mismo ante un escenario de impago inminente de la deuda soberana. Defendió que los ajustes de aquellos años, aunque severos, resultaron menos costosos que la alternativa de una quiebra soberana, cuyo costo, argumentó, habría recaído sobre la misma población que hoy el gobierno dice defender.
El Fobaproa, creado en 1990 y convertido en instrumento central del rescate bancario tras el llamado «error de diciembre» de 1994, derivó en 1998 en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), tras un debate en el Congreso que marcó el fin del predominio priista en San Lázaro. La deuda asociada al rescate sigue siendo motivo de controversia política casi tres décadas después, y ha vuelto a la discusión pública en el actual sexenio.
El origen de la autonomía de Banxico
En el terreno de la inflación, Ortiz concedió un punto a Amador, pero le reprochó omitir el resto de la historia institucional. "Sí, la inflación cerró en 1995 en niveles cercanos al 52%. Pero ese shock fue precisamente lo que llevó a construir, en los años siguientes, el marco institucional que hoy permite a la presidenta Sheinbaum presumir una inflación de 3.26%", escribió.
El exgobernador de Banxico atribuyó esa estabilidad a la autonomía del banco central —consagrada en la reforma constitucional de 1993 que entró en vigor en 1994—, al esquema de objetivos de inflación y a los colchones macroeconómicos acumulados durante casi tres décadas y por administraciones de distinto signo político.
"Ese marco no nació en 2018. Es el resultado de un esfuerzo institucional sostenido durante casi tres décadas, construido y mantenido por varias administraciones. Reconocer esa continuidad no le resta mérito al gobierno actual, simplemente sitúa las cosas en su justa perspectiva", reviró Guillermo Ortiz.
El intercambio se produce mientras el Congreso de la Unión analiza el paquete económico para el próximo ejercicio fiscal y el gobierno federal busca sostener la confianza de las calificadoras crediticias. La discusión sobre la sostenibilidad del gasto social coincide con otros frentes económicos abiertos, como la posposición de la cuarta ronda de renegociación del T-MEC entre México y EU, que también pesa sobre las proyecciones de crecimiento del país.
La invitación a debatir quedó planteada en la propia carta: Ortiz aseguró estar en la mejor disposición de hacerlo en el foro que Amador prefiera, para que el intercambio no quede, dijo, en una lectura apresurada de su artículo.