Las organizaciones expusieron que durante las 24 horas del día llegan camiones cargados con cientos de toneladas de roca que se acumulan para ser depositadas sobre el arrecife. El material, afirmaron, proviene de una cantera ubicada en Mozomboa, municipio de Actopan, que no figura documentada en las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para el proyecto de ampliación portuaria.
El arrecife La Gallega forma parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, reconocido como Sitio Ramsar y como Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Es hábitat de especies endémicas de los arrecifes veracruzanos y de corales y tortugas marinas protegidas por tratados internacionales suscritos por México.
La Red del Corredor Arrecifal y Greenpeace advirtieron que la deposición de roca no solo destruye la estructura arrecifal, sino que modifica las corrientes marinas y provocaría, de acuerdo con estudios científicos citados por los colectivos, la sedimentación total del ecosistema. Ese proceso afectaría la pesca, el turismo, la biodiversidad y la función de protección costera que cumple el arrecife frente a fenómenos hidrometeorológicos.
La resolución de la SCJN de 2022 derivó de un amparo ciudadano y se considera un precedente en materia de derecho ambiental, pues el tribunal determinó que el proyecto de ampliación portuaria no contemplaba de manera integral los efectos sobre los arrecifes y demás ecosistemas costeros. La sentencia ordenó detener las obras en tanto no se subsanara esa omisión, y los colectivos sostienen que la orden no se ha cumplido a lo largo de los años.
"Desafortunadamente, una vez más es evidente que la orden de la Suprema Corte no se ha cumplido a lo largo de los años. Aunque la obra sigue oficialmente suspendida, el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina ha comenzado las obras de ampliación sobre el arrecife La Gallega", acusó la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México.
Las organizaciones exigieron a las autoridades ambientales emprender acciones inmediatas de vigilancia y suspensión de las obras de la segunda escollera, así como el cese de la extracción de material rocoso no autorizado y de su depósito sobre el arrecife. Pidieron además que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Poder Judicial investiguen un presunto desacato a la sentencia de la Corte de 2022 y el daño ambiental ocasionado al Sistema Arrecifal Veracruzano.
La denuncia se inscribe en una serie de litigios ambientales que han llegado en los últimos años a tribunales federales. El caso remite también a la actividad reciente de la Suprema Corte en otros pleitos de alcance nacional, como la negativa de amparo que confirmó la nulidad de un contrato en el pleito de La Cruz Azul.
Los colectivos reclamaron el alto inmediato a la construcción de la segunda escollera sobre La Gallega y una investigación urgente de la Profepa y del Poder Judicial por el desacato a la sentencia de 2022 y por el daño al Sistema Arrecifal Veracruzano.