La carta llegó pocos días después de que el Parlamento Europeo diera luz verde al nuevo reglamento de retornos, un texto que el Consejo y la Eurocámara habían pactado a comienzos de junio de 2026 como complemento del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024. La norma habilita, entre otras medidas, la posibilidad de establecer los llamados «centros de retorno» (return hubs) en terceros países, una fórmula hasta ahora reservada al debate político y que empieza a tener respaldo jurídico en el derecho comunitario.
El respaldo de diecinueve capitales a una medida que hace apenas un lustro se consideraba marginal en el debate europeo certifica un desplazamiento del centro de gravedad migratorio dentro de la Unión. La propuesta, calificada durante años de posición minoritaria de gobiernos particularmente restrictivos, se ha convertido en la mayoritaria del Consejo, el órgano que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete.
Sánchez rechazó los centros de repatriación fuera de la UE y defendió el modelo migratorio español, basado en la regularización y la gestión de flujos a través de acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito. La posición del jefe del Ejecutivo español quedó en minoría en el último Consejo Europeo dedicado a la cuestión, en el que Frederiksen pidió expresamente que la inmigración ocupara un espacio mayor en el orden del día de las reuniones de jefes de Gobierno, petición que Meloni respaldó de forma pública.
Lo llamativo del episodio no es tanto la posición de Meloni, cuya formación, Hermanos de Italia, ha basado buena parte de su discurso en el control fronterizo desde su fundación, sino la de Frederiksen. La primera ministra danesa, del Partido Socialdemócrata, gobierna desde 2019 y ha iniciado su tercer mandato al frente de una coalición de centroizquierda cuyo programa interior incluye la expansión del Estado del bienestar, el transporte público gratuito para jóvenes, la atención dental gratuita y la eliminación del IVA de frutas y verduras.
Ese programa social convive con una de las políticas migratorias más restrictivas del continente, una combinación que ha llevado a algunos observadores a plantear que el eje tradicional izquierda-derecha resulta insuficiente para describir la fractura migratoria europea actual, sustituido en la práctica por la tensión entre posiciones más partidarias del control nacional de fronteras y otras más favorables a la gestión compartida o supranacional del fenómeno.
El modelo danés y sus cifras
El Ministerio de Inmigración e Integración danés cifra en más de un centenar las medidas restrictivas aprobadas en los últimos años, entre ellas límites a la reagrupación familiar, criterios más estrictos para la concesión de la residencia permanente y programas de retorno voluntario reforzado. El resultado estadístico es notable: Dinamarca recibió 21.316 solicitudes de asilo en 2015, en pleno pico de la crisis migratoria europea derivada del conflicto sirio, y 1.959 en 2025, la cifra más baja de la serie reciente según los registros oficiales daneses, que atribuyen el descenso, entre otros factores, a esas más de cien medidas.
La caída se produce en un país que no carece de experiencia migratoria: los inmigrantes y sus descendientes representan el 16,8% de la población danesa, de acuerdo con la oficina nacional de estadística de Dinamarca. El endurecimiento, según el propio Gobierno, se consolidó tras comprobar las consecuencias políticas y sociales de las sucesivas oleadas migratorias, en particular la de 2015.
El contraste con el conjunto de la Unión resulta significativo. En el conjunto de los Veintisiete se presentaron unas 669.400 primeras solicitudes de asilo durante 2025, una cifra que mantiene la presión migratoria como uno de los asuntos prioritarios en la agenda de Bruselas, junto a la competitividad industrial y la seguridad. Frente a ese volumen agregado, el registro danés de 1.959 solicitudes ilustra la magnitud del descenso nacional.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya negociación se prolongó durante casi una década tras la crisis de 2015, entró en vigor en 2024 con el objetivo declarado de repartir de forma más equitativa la responsabilidad de acoger solicitantes de asilo entre los Estados miembros mediante un mecanismo de solidaridad, que permite a los países elegir entre reubicar a solicitantes, aportar financiación o prestar apoyo operativo a los Estados fronterizos.
La reforma del reglamento de retornos aprobada este año responde a una demanda sostenida de varios gobiernos, entre ellos el italiano y el danés, que consideran insuficiente la tasa de ejecución de las órdenes de expulsión dentro de la Unión, situada históricamente por debajo del 20% según datos de la propia Comisión Europea en informes previos sobre política de retornos.
El precedente más citado en el debate europeo sigue siendo el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de marzo de 2016, que redujo drásticamente las llegadas por la ruta del Egeo a cambio de ayuda financiera y compromisos sobre visados, y que sirvió de modelo inicial para la externalización de la gestión migratoria que ahora se pretende extender con los centros de retorno en terceros países.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y ACNUR, han expresado reiteradamente su preocupación por la compatibilidad de estos centros con el derecho de asilo reconocido en la Convención de Ginebra de 1951 y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular respecto a las garantías procesales y las condiciones de internamiento fuera del territorio comunitario.
El Gobierno español ha defendido que su modelo, apoyado en la vía de la regularización y en acuerdos migratorios con países como Marruecos o Senegal, ofrece resultados económicos y sociales más favorables, y ha subrayado el papel de la población extranjera en el sostenimiento del sistema de pensiones y del mercado laboral a través de la afiliación a la Seguridad Social.
El calendario europeo marca los próximos meses como decisivos para la aplicación práctica del nuevo reglamento de retornos, cuyo desarrollo reglamentario corresponde ahora a la Comisión Europea, con la vista puesta en el Consejo Europeo previsto para el otoño, donde se espera que la cuestión migratoria vuelva a ocupar un lugar central en la agenda de los Veintisiete.
