Un consenso amplio pese a la fragmentación
La votación cierra un proceso legislativo prolongado durante varios meses, cuya fase decisiva llegó esta misma semana: los legisladores acordaron el lunes el mecanismo concreto para hacer cumplir la prohibición antes de someterla a votación final en ambas cámaras. El resultado en el Senado, con solo dos votos en contra frente a 243 favorables, refleja un respaldo transversal poco frecuente en la Francia surgida de la fragmentación parlamentaria de las legislativas de 2024. En la Asamblea Nacional, donde el Ejecutivo carece de mayoría absoluta, los 81 votos en contra evidencian que el consenso, mayoritario, no fue unánime.
El anuncio de Macron
El presidente francés celebró la aprobación en un vídeo difundido en sus redes sociales pocas horas después de la votación en la Asamblea Nacional. "Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró Macron, quien recordó que la medida constituía uno de sus compromisos y que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato. "Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", escribió el jefe del Estado en la red social X.
Macron señaló además que corresponde ahora al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación efectiva. "Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet", añadió el presidente, dejando constancia de que el proceso normativo no concluye con el voto parlamentario.
Qué prohíbe exactamente la norma
El texto aprobado establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales, fijando de facto una "mayoría digital" en esa edad, según la expresión empleada por la ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, en su intervención ante el Senado. Quedan excluidos determinados servicios de utilidad educativa o cívica, entre ellos las enciclopedias colaborativas como Wikipedia, las plataformas de desarrollo y distribución de software libre y los proyectos educativos de código abierto.
La ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, una de las cuestiones más delicadas de cualquier normativa de este tipo. Será responsabilidad de las propias plataformas —como Facebook o TikTok, entre las afectadas según el material— implantar los mecanismos técnicos que permitan comprobar la edad real de sus usuarios, un punto que en otros países ha generado debate sobre la proporcionalidad de las medidas de verificación frente a la privacidad de los datos.
El articulado incorpora también una ampliación del régimen de restricción de teléfonos móviles: la prohibición de su uso, que hasta ahora regía en las escuelas de primaria y secundaria, se extiende a los institutos. Los centros conservan margen para contemplar excepciones en sus reglamentos internos, en línea con la autonomía que el sistema educativo francés otorga a los establecimientos.
Calendario de aplicación
El Gobierno francés prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre de 2026 para las cuentas nuevas que se creen en las plataformas afectadas a partir de esa fecha. Para las cuentas ya existentes de menores de 15 años, la norma contempla un periodo transitorio de cuatro meses, de manera que la restricción no será exigible hasta el 1 de enero de 2027. Este escalonamiento busca dar margen operativo a las plataformas para desplegar los sistemas de verificación exigidos por la ley.
El control del Consejo Constitucional
Antes de su promulgación definitiva, la ley deberá pasar por el Consejo Constitucional, un trámite habitual en el ordenamiento francés para las normas de calado que pueden afectar a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Este control preventivo de constitucionalidad, previsto en la Constitución de la Quinta República de 1958, permite a la máxima instancia jurídica francesa validar, matizar o invalidar total o parcialmente un texto antes de que entre en vigor. Solo tras su pronunciamiento quedará expedito el calendario de aplicación fijado por el Ejecutivo.
Australia marcó el precedente mundial
Francia no es el primer país del mundo en legislar sobre esta materia, aunque sí el primero de la Unión Europea en hacerlo con una restricción de alcance general. Australia aprobó con anterioridad una prohibición similar, fijando el límite en los 16 años en lugar de los 15 establecidos por el legislador francés, una diferencia que ilustra la ausencia de un estándar internacional único sobre la edad mínima de acceso. La comparación entre ambos modelos y sus resultados de aplicación será objeto de seguimiento por otros gobiernos que estudian legislar en la misma dirección.
El caso español y el efecto contagio europeo
La ministra Le Hénanff afirmó ante el Senado que Francia "es pionera en Europa" al establecer una mayoría digital de 15 años y aseguró que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar a sus legislaciones nacionales una regulación similar. El Gobierno español ha planteado en paralelo una prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, un año por encima del umbral fijado por París, aunque según el material su iniciativa se encuentra en una fase de tramitación distinta y menos avanzada, sin que conste todavía una votación parlamentaria definitiva en las Cortes Generales.
Esta convergencia de iniciativas nacionales se produce en un contexto europeo marcado por la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que obliga a las grandes plataformas a evaluar los riesgos que sus sistemas suponen para los menores, pero que no ha fijado una edad mínima armonizada de acceso a escala comunitaria. La decisión francesa podría convertirse en referencia para una futura regulación europea, si bien cualquier armonización exigiría el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo, un proceso que en materias digitales suele prolongarse varios años.
Un compromiso en la recta final del mandato
La medida se enmarca en la agenda de Macron sobre la protección de la infancia frente a las pantallas, que el presidente situó como una prioridad de su segundo mandato, iniciado en 2022 y que concluye en mayo de 2027. La aprobación llega, por tanto, en la fase final de su presidencia, cuando Macron busca consolidar un legado legislativo antes de la próxima cita presidencial. El siguiente hito será el dictamen del Consejo Constitucional; solo después, y con las fechas del 1 de septiembre y el 1 de enero de 2027 en el horizonte, podrá comprobarse si Francia logra hacer efectiva en la práctica una restricción que la sitúa como avanzada europea de una tendencia regulatoria que otros quince países observan con atención.
