La concentración se suma a una serie de manifestaciones que familiares de personas detenidas han sostenido en distintos puntos del país desde que el Órgano Legislativo aprobó, a propuesta de Casa Presidencial, la suspensión de garantías constitucionales que permite capturas sin orden judicial previa y prolonga la detención administrativa más allá de los plazos ordinarios del Código Procesal Penal. El régimen rige desde marzo de 2022.
El Órgano Ejecutivo ha defendido la medida como la herramienta que permitió desarticular las estructuras de pandillas que durante décadas controlaron territorios y extorsionaron a comercios y transportistas en buena parte del territorio nacional. La Policía Nacional Civil ha reportado reducciones sostenidas en los indicadores de violencia, en línea con el reciente registro de 24 días sin homicidios durante octubre divulgado por la institución.
Organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales, han documentado en informes previos denuncias de capturas arbitrarias, hacinamiento carcelario y fallecimientos de personas detenidas bajo el régimen de excepción, cuestionando la ausencia de debido proceso en una parte de los casos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido denuncias de familiares que aseguran que sus parientes fueron capturados sin vínculos comprobados con pandillas.
El penal de Santa Ana es uno de los recintos que ha recibido a una parte del contingente de personas detenidas desde el inicio del régimen de excepción, cuya cifra acumulada ha superado las 80,000 capturas según datos divulgados en distintos momentos por el propio Órgano Ejecutivo. La instalación se suma al conjunto de centros penales que el Estado ha reforzado o ampliado para alojar a la población reclusa derivada de esta política de seguridad, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Familiares que han participado en protestas similares en otros puntos del país han solicitado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a la Fiscalía General de la República la revisión de expedientes individuales, bajo el argumento de que no todas las capturas han contado con evidencia suficiente para sostener procesos penales. El Órgano Judicial, a través de los juzgados especializados creados para tramitar los casos derivados del régimen, mantiene en trámite un número elevado de expedientes.
La Asamblea Legislativa ha prorrogado el régimen de excepción en sesiones plenarias celebradas en el Salón Azul mes tras mes desde marzo de 2022, sin que a la fecha se haya fijado un plazo para su finalización. Esa prórroga continua ha sido uno de los puntos que organizaciones de la sociedad civil han señalado ante instancias nacionales e internacionales, en paralelo a actividades conmemorativas como la que recientemente recordó a las víctimas de Fenastras en el marco del Día del Sindicalista.
