Johnson sostuvo que el pueblo mexicano requiere ser "verdaderamente un país soberano" sin interferencias de cárteles y criminales, y ubicó ese objetivo junto al de un México libre de "interferencia externa maliciosa". El embajador enmarcó su mensaje en la política del gobierno de Donald Trump, que designó a varios cárteles como organizaciones terroristas.
El diplomático citó el coche bomba en Zacatecas como recordatorio de la violencia de esas redes criminales.
"Nos recuerda la violencia que estas redes están dispuestas a cometer para intimidar a personas inocentes y controlar comunidades enteras, esa es la definición misma de terrorismo, y es por eso que el presidente Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas", dijo Ronald Johnson, embajador de EU en México.
Johnson explicó que al enlistar a los grupos de narcotraficantes se busca aplicar herramientas para "ir tras el sustento de estos cárteles, su dinero". Reconoció además las acciones del gobierno mexicano en incautaciones de fentanilo y otras drogas, sobre todo desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024. Según el embajador, México incautó más de 500 toneladas de narcóticos ilegales.
El diplomático matizó, sin embargo, que ambos países tienen "más trabajo por hacer" en seguridad y combate a las drogas, porque hay "un flujo de actividades ilegales que se mueve en ambas direcciones a través de la frontera". En ese punto reconoció la responsabilidad estadounidense en el tráfico de armas: dijo que su gobierno incautó "más de 50 mil armas de fuego" antes de que llegaran a manos de criminales en México y en el propio territorio de EU.
Johnson detalló que la cooperación bilateral apoyó operaciones contra líderes de cárteles y el traslado de criminales buscados en ambas direcciones, incluidos cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI. El intercambio de información y la capacitación a servidores públicos, agregó, buscan una frontera más segura.
El señalamiento sobre el flujo de armas hacia México es una constante del reclamo mexicano. En 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda ante una corte federal en Boston contra fabricantes de armas estadounidenses, a los que responsabilizó de facilitar el tráfico hacia territorio mexicano; el caso llegó a la Suprema Corte de EU. La preocupación por la presión estadounidense en la agenda de seguridad se ha intensificado desde la designación de cárteles como grupos terroristas.
La propia Sheinbaum ha respondido a la retórica de Washington sobre la producción de armas. "Podría decir 'es difícil vivir junto a un país con tanta producción de armas', pero no lo voy a decir", declaró la presidenta al reaccionar a dichos de Trump. El debate sobre la cooperación se da en un clima de tensión que ha alcanzado incluso a los mercados, como refleja la cobertura de la presidenta en medios, donde el caso de seguridad ha pesado en la agenda pública.