La proposición de ley, registrada en el Congreso en 2020 bajo el título de «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo», llevaba la firma del partido entonces liderado por Inés Arrimadas. Su objetivo era devolver la nacionalidad y el derecho de sufragio a los vascos que tuvieron que abandonar su comunidad por el temor a los atentados de ETA durante las décadas de mayor actividad de la banda.
El texto planteaba «medidas de restitución» que incluían el regreso voluntario al lugar de residencia, la reintegración en el puesto de trabajo, la devolución de bienes y, de forma expresa, «el pleno ejercicio de sus derechos políticos en aquel lugar del que fuera expulsado, incluido el derecho de sufragio, como si tales violaciones nunca hubiesen ocurrido». Para los desplazados a otras comunidades, se preveía la recuperación automática del voto en la provincia de residencia previa al desplazamiento forzoso, sin exigir empadronamiento ni antes ni después de la solicitud.
La votación definitiva se produjo en 2021 y el resultado fue el rechazo de la propuesta. El PSOE se sumó a Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País para tumbar la iniciativa, que además de la restitución del voto contemplaba ayudas extraordinarias para casos de orfandad y deberes de identificación, concienciación y memoria sobre las víctimas del terrorismo.
El episodio ha resurgido con la controversia sobre la Ley de Nietos, la normativa que facilita la nacionalidad española a descendientes de emigrados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó suspender los efectos electorales de las inscripciones en el censo vinculadas a esa ley al advertir un «peligro serio, fundado y real» para la «objetividad» de las próximas elecciones.
El Alto Tribunal razonó que permitir esas inscripciones sin resolver antes el litigio de fondo podría causar «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, al incidir «directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio». La Sala decidió que el expediente siga tramitándose, pero que la inscripción en el censo quede suspendida hasta que se dicte sentencia.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, compareció este lunes tras la Comisión Ejecutiva Federal en la sede del partido en la calle de Ferraz de Madrid para trasladar la posición socialista sobre la medida cautelar, que en el partido describen como dirigida contra la «mal llamada Ley de Nietos». Mínguez aseguró que en el partido están «muy preocupados» por la decisión.
«El voto es sagrado. El peligro para la democracia es que les parezca peligroso votar», declaró Montse Mínguez, portavoz del PSOE, en rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal.
Mínguez insistió en que el derecho de sufragio «cuelga de la nacionalidad» y no de otras circunstancias administrativas. «Son españoles, no se les ha quitado la nacionalidad, no ha sido anulada la ley que se les concedió, si son españoles tendrán derecho a votar», manifestó la diputada socialista, que se preguntó «cuál es» el resultado que persigue el recurso, dado que, en sus palabras, «tendrán que votar» todos los españoles con derecho reconocido.
La controversia se suma a otros frentes abiertos entre el Gobierno y la oposición en un curso marcado por la tensión migratoria, con episodios como el bloqueo de la frontera de El Tarajal o las promesas de Alberto Núñez Feijóo de cerrar España «a cal y canto» frente a la política de fronteras del Ejecutivo.
