La retirada llegó apenas veinticuatro horas después de que trascendiera que la instructora no iba a ser sancionada y que las quejas iban camino del archivo. El promotor de Acción Disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, había propuesto en un informe archivar las diligencias previas, pero no todos los miembros de la Permanente compartían esa salida, lo que motivó el aplazamiento «para un mayor estudio», según la fórmula recogida en la decisión.
El aplazamiento coincide con la decisión de la propia juez de prorrogar la instrucción seis meses más, hasta el 30 de abril de 2027, una vez agotado el plazo que vencía el 30 de octubre. Esa fecha sitúa el cierre de la investigación a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.
La primera de las tres quejas la presentó en mayo de 2025 el entonces letrado de la exconsellera Salomé Pradas, Eduardo de Urbano, quien denunció que el derecho de defensa de su clienta había resultado «gravemente afectado» por la forma en que se había conducido la instrucción. El escrito apuntaba a los autos de imputación del 10 de marzo y del 9 de mayo, en los que la instructora se refería a un aviso «tardío y erróneo» y a una «manifiesta pasividad» en la alerta a la población. Pradas amplió después la queja al considerar insuficiente la transcripción de su declaración del 11 de abril, una sesión de casi tres horas que, según su defensa, quedó reducida a un resumen de diez folios.
Una segunda queja, de Argüeso, solicitó la suspensión tanto de la juez como de su marido y que la instrucción pasara a manos de «su sustituto legal». La tercera, del letrado Rubén Gisbert, se centra directamente en la «injerencia» de Martínez Ribera, magistrado adscrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, al que acusa de tomar declaración a testigos en el juzgado de su esposa. El diario Las Provincias llegó a describir la relación entre ambos jueces como una «simbiosis» difícil de deslindar en el desarrollo de la causa.
La magistrada rechazó la recusación que seis víctimas de la DANA habían solicitado ya en febrero, junto a la nulidad de las actuaciones practicadas desde que asumió la dirección del caso, y evitó pronunciarse sobre el fondo en el informe remitido a la Audiencia de Valencia.
«Ciertamente reduccionista», calificó la propia juez Nuria Ruiz Tobarra la interpretación del letrado sobre su relación conyugal, en el informe con el que rechazó la recusación planteada.
La disciplina de jueces corresponde en exclusiva al CGPJ, que puede archivar las quejas, abrir información previa o incoar expediente. Gisbert presentó además una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la magistrada y su marido, que fue inadmitida. No obstante, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV dejó constancia en su auto de que esa participación podría «fundar algún tipo de responsabilidad disciplinaria», aunque descartó que constituyera delito.
Semanas atrás, el Pleno del CGPJ ya había denegado el amparo que la propia juez solicitó frente al requerimiento del Colegio de Abogados de Valencia para que cesara en el uso de expresiones que, a juicio del colegio, afectaban a la dignidad de los letrados; el Consejo solo le dio la razón en un aspecto formal y avaló el resto de la resolución. Como en el litigio resuelto en torno al sueldo de Intxaurrondo en RTVE, la actualidad de Tribunales gira estas semanas en torno a decisiones sobre cargos públicos; aquí, sobre el propio órgano de gobierno de los jueces, que no ha fijado nueva fecha para retomar el asunto.
