Quién era Lahbib Mohamed Abdelaziz
Lahbib Mohamed Abdelaziz no era un cuadro menor de la organización. Hijo del líder que durante más de cuatro décadas encarnó la causa saharaui ante la comunidad internacional, había crecido en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el suroeste argelino, donde el Frente Polisario mantiene su retaguardia civil y su estructura de mando desde mediados de los años setenta. Fuentes del propio movimiento, citadas por agencias árabes, lo describían como combatiente activo en las unidades del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), el brazo armado del Polisario.
Su padre, Mohamed Abdelaziz, cofundó el Frente Polisario en 1973 junto a El-Uali Mustafa Sayed —el primer mártir de la causa, muerto en 1976— y dirigió el movimiento hasta su muerte por enfermedad en mayo de 2016 en Tinduf. Durante su liderazgo, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fue reconocida por más de ochenta Estados, aunque ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra entre ellos. La muerte de Lahbib cierra, simbólicamente, un ciclo generacional dentro de la organización.
El contexto del ataque: el muro y la guerra de baja intensidad
El muro de separación —denominado 'berm' en terminología militar anglosajona— se extiende a lo largo de aproximadamente 2.700 kilómetros desde el norte de Marruecos hasta las proximidades de Mauritania. Construido por Rabat entre 1980 y 1987 con asistencia técnica estadounidense e israelí según registros académicos y documentación de la ONU, divide el Sáhara Occidental en dos franjas: la zona occidental, bajo control marroquí y donde reside la mayor parte de la población civil, y la franja oriental, escasamente habitada pero con valor estratégico y simbólico para el ELPS.
Desde noviembre de 2020, cuando el Polisario anunció el fin unilateral de la cesación del fuego acordada bajo auspicio de la ONU en 1991, el conflicto ha pasado de una larga fase de 'guerra de trincheras simbólica' a un patrón de hostigamiento artillero y, más recientemente, de ataques con drones por parte marroquí. MINURSO, la misión de la ONU desplegada en la zona, carece de mandato para investigar o documentar infracciones al alto el fuego —una anomalía señalada por organizaciones como Human Rights Watch—, lo que convierte los partes de bajas en información casi exclusivamente de fuente interesada.
El uso marroquí de drones de combate ha sido documentado desde al menos 2021. Rabat adquirió aeronaves no tripuladas Bayraktar TB2 de fabricación turca, el mismo modelo que cambió el balance de la guerra en Nagorno Karabaj en 2020, según confirmaron fuentes del sector de defensa europeo a medios especializados como Janes y Defense News en aquel periodo. La superioridad tecnológica en este ámbito es manifiesta: el ELPS no dispone, según los datos disponibles, de sistemas de defensa antiaérea portátiles de alcance medio capaces de neutralizar esa amenaza de forma sistemática.
La reacción del Polisario y el silencio de Rabat
El Frente Polisario difundió un comunicado en el que calificó el ataque de 'crimen de guerra' y exigió una respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU. La organización no ha precisado en qué punto exacto del berm se produjo el incidente, información operativamente sensible, pero sí ha confirmado la identidad de los tres fallecidos y ha anunciado que sus cuerpos serán trasladados a Tinduf para un entierro con honores militares.
Esta es una práctica habitual de Rabat, que raramente confirma acciones militares concretas en el Sáhara Occidental, en coherencia con su postura jurídica de que el territorio forma parte de sus 'provincias del sur' y las operaciones allí son asuntos de soberanía interna. El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí no respondió a las solicitudes de comentario de este medio.
La posición de España: entre el giro de 2022 y la presión saharaui
El incidente tiene resonancia directa en la política exterior española. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó al rey Mohamed VI, en una carta que trascendió a la prensa, que España respaldaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como 'base más seria, realista y creíble' para la solución del conflicto. El giro supuso el abandono de la posición de neutralidad activa que España había mantenido desde la Declaración de Principios de 1975 y la posterior retirada de la administración colonial, y generó una crisis parlamentaria de primer orden, con el rechazo formal del Congreso de los Diputados a esa orientación en una votación no vinculante.
España es, en términos históricos y jurídicos, la potencia administradora del Sáhara Occidental ante la ONU —una condición que Naciones Unidas nunca ha dado formalmente por cancelada, aunque Madrid la rechace—. El Comité de Descolonización de la ONU sigue incluyendo el territorio en su lista de territorios no autónomos. Esta posición singular hace que cada escalada militar en la zona reabra el debate sobre las obligaciones internacionales de Madrid y la coherencia de su alineamiento con Marruecos.
La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dada la carga simbólica de su apellido, es esperada que sea instrumentalizada por los sectores más críticos con la política saharaui del Ejecutivo español —tanto desde la izquierda, encabezada por Sumar y sectores del PSOE histórico con vínculos con el movimiento saharaui, como desde el PP, que criticó el giro de 2022 aunque comparte en lo sustancial el interés en la estabilidad de la relación con Rabat—.
Marco jurídico internacional: el punto muerto del proceso de paz
El proceso de paz sobre el Sáhara Occidental se rige por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad (1991), que estableció el alto el fuego y la MINURSO con el mandato de organizar un referéndum de autodeterminación que nunca se celebró. Desde entonces, la ONU ha intentado sucesivos marcos de negociación —el Plan Baker I (2001), el Plan Baker II (2003), los procesos de Manhasset entre 2007 y 2008— sin resultado. El actual Enviado Personal del Secretario General, Staffan de Mistura, reactivó los contactos en 2021 pero no ha logrado sentar a las partes en una mesa con un esquema procedimental acordado.
El derecho internacional humanitario aplicable es el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario y los Convenios de Ginebra: aunque ni Marruecos ni el Polisario han ratificado formalmente el Protocolo Adicional II relativo a conflictos armados no internacionales, las normas sobre distinción entre combatientes y civiles, proporcionalidad y precaución son vinculantes como derecho consuetudinario según el CICR. La ausencia de un mecanismo de verificación independiente sobre el terreno hace imposible, por ahora, establecer si el ataque de este domingo se ajustó o no a esos estándares.
Qué cabe esperar a partir de ahora
El Frente Polisario someterá previsiblemente el caso al Consejo de Seguridad a través de Argelia, que ostenta un escaño no permanente hasta finales de 2025 y es el principal valedor diplomático de la causa saharaui. Sin embargo, la probabilidad de que el Consejo adopte una resolución específica es baja, dado el veto implícito de Francia —aliado histórico de Marruecos— y la posición acomodaticia de Estados Unidos, que desde la Administración Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el territorio.
En el plano militar, la escalada de los últimos cuatro años sugiere que las hostilidades de baja intensidad continuarán sin que ninguna de las dos partes tenga capacidad o interés en precipitar una guerra convencional a gran escala. Marruecos consolida el control del territorio con grandes proyectos de infraestructura —el puerto de Dakhla, la extensión del gasoducto Nigeria-Marruecos— mientras el Polisario mantiene la presión armada como única palanca negociadora real. La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz añade un componente emocional y simbólico que podría endurecer la postura del movimiento en los próximos contactos con De Mistura, cuya agenda para el segundo semestre de 2025 aún no ha sido hecha pública.
