El encuentro, según el relato del entorno de Hijaouy recogido por ese diario, fue breve y tenso. El emisario del exagente —con quien el fiscal jefe mantenía, según esa misma versión, una relación personal de más de veinticinco años— trasladó el interés de su representado en colaborar como testigo en la causa que instruye el juez José Luis Calama en el juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, donde se investiga el espionaje con el programa Pegasus a altos cargos del Ejecutivo. El ofrecimiento, según ese testimonio, incluía «el cómo se hizo, a quién, y el contenido de los 2,6 gigas» supuestamente sustraídos del terminal del presidente y de cuatro ministros.
La respuesta del fiscal jefe, de acuerdo con el mismo relato atribuido al entorno de Hijaouy, fue negativa. «No interesa», habría respondido en tono de confidencia, alegando que el asunto constituía «un problema para Marruecos». La conversación se dio por concluida en apenas unos minutos, sin que el ofrecimiento derivara —según lo publicado— en actuación procesal alguna de la Fiscalía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha efectuado declaraciones públicas sobre el encuentro ni sobre el correo posterior.
Días después, el 7 de octubre de 2024, el emisario remitió un correo electrónico al fiscal jefe con el asunto «Testigo», al que dice haber tenido acceso ABC. En él se presentaba como analista de inteligencia y representante de una «fuente» —en la terminología de los servicios secretos— dispuesta a colaborar «bajo ciertas formas y condiciones». El mensaje describía a la persona a la que representaba como un exoficial marroquí con grado de controlador general en la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el principal servicio de inteligencia exterior de Marruecos.
El correo ofrecía información sobre «los pinchazos telefónicos ilegales -mediante el sistema Pegasus-» del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa, «que se sepa». El remitente añadía que su representado «conoce perfectamente todo ese asunto, y podría aportar pruebas de ello», y extendía el ofrecimiento a «información de inteligencia de alto valor sobre temas de yihadismo, narcotráfico y la Mocromafia». Según ese mismo escrito, la fuente hablaba árabe, francés, inglés y alemán, y su hoja de servicios recogía responsabilidades vinculadas a la inteligencia marroquí entre 2017 y 2022.
La instrucción del espionaje y la extradición en curso
La instrucción sobre el presunto espionaje al móvil de Pedro Sánchez y a los de varios ministros se abrió en el juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional después de que el Gobierno anunciara en mayo de 2022 que los terminales del presidente, del entonces ministro del Interior y de la ministra de Defensa habían sido infectados con el software israelí Pegasus, capaz de extraer llamadas, mensajes y archivos sin conocimiento del usuario. La autoría del ataque no ha sido esclarecida judicialmente con nombres y apellidos.
Paralelamente, Hijaouy afrontaba en la Audiencia Nacional un procedimiento de extradición a Marruecos por un presunto delito de estafa, tramitado en el juzgado central número 1. Ese proceso, de naturaleza penal y ajeno en principio a la causa Pegasus, era el que el emisario pretendía condicionar mediante el ofrecimiento de información al fiscal jefe, según el relato publicado.
El sistema de extradición pasiva en España se rige por la Ley 4/1985 y, en el caso marroquí, por los convenios bilaterales de cooperación judicial en materia penal suscritos entre ambos Estados. Corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolver sobre la procedencia de entregar a la persona reclamada, y el Gobierno tiene la última palabra en la fase gubernativa. La Fiscalía no puede paralizar el procedimiento por motivos ajenos a los legalmente previstos, como el riesgo de persecución política o de vulneración de derechos fundamentales en el país requirente.
Hijaouy, que había puesto a resguardo en España documentación relativa a su trayectoria en los servicios marroquíes, se fugó en febrero de 2025, en circunstancias que no han sido esclarecidas públicamente. Su condición de exnúmero dos de la inteligencia exterior marroquí sitúa el episodio en el terreno sensible de las relaciones entre ambos Estados.
El caso se inscribe en una relación bilateral marcada en los últimos años por episodios de tensión, entre ellos la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron a nado en la ciudad autónoma en apenas dos días, y por las denuncias sobre el uso de programas de vigilancia contra periodistas, activistas y responsables políticos, documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Un precedente reciente sin autoría judicial establecida
El antecedente más próximo de espionaje con Pegasus en España es el denominado «Catalangate», también con ramificaciones judiciales, en el que se constató la infección de decenas de terminales de dirigentes independentistas catalanes. Como en la causa que afecta a Sánchez, hasta la fecha no se ha determinado judicialmente quién ordenó esos ataques. La dificultad probatoria —el rastro técnico de Pegasus y la implicación potencial de un Estado extranjero— es el rasgo común que ha frenado ambas instrucciones.
La causa sobre el espionaje al móvil de Pedro Sánchez continúa bajo instrucción en el juzgado central número 4, sin que conste que el testimonio ofrecido por el entorno de Hijaouy haya sido incorporado formalmente al procedimiento. La eventual comparecencia del propio exagente, tras su fuga, depende de que las autoridades españolas logren localizarlo y determinar su situación procesal, tanto en la causa de extradición como en cualquier otra que pudiera derivarse de estos hechos. Ni la Fiscalía ni las autoridades marroquíes se han pronunciado públicamente sobre el contenido del ofrecimiento.
