La noche de las cinco condenas

La primera condena es la más tangible. En algún lugar del Tribunal Supremo, cinco magistrados tienen sobre sus mesas un borrador de 487 páginas que, si se confirma el jueves a las 10:00, enviará a un exministro del Interior a la cárcel por un periodo que podría superar las dos décadas. La sentencia del caso Koldo no es solo una sentencia sobre mascarillas y comisiones: es una sentencia sobre la calidad moral de una generación de políticos que confundieron el poder con la impunidad y el servicio público con el servicio propio. Que la sentencia sea unánime dice más sobre la solidez de las pruebas que sobre la severidad de los jueces. Marchena no necesita inventar nada: solo tiene que ordenar lo que las pruebas ya dicen por sí solas.

La segunda condena es la que el PSOE se está dictando a sí mismo. Lo que empezó como una crisis postelectoral tras la debacle del 17-M en Andalucía se ha convertido en 48 horas en una rebelión abierta que amenaza con partir al partido en dos. El 41% de la militancia respalda un congreso federal extraordinario, ocho puntos por encima del umbral estatutario. Montero, Page, Puig, Lambán, Espadas — nombres que hasta hace una semana eran compañeros de viaje de Sánchez — se han convertido en los protagonistas de un movimiento que ya no se puede contener con llamadas telefónicas ni con emisarios nocturnos. La democracia interna de un partido no es un lujo: es el oxígeno que necesita para sobrevivir. Y el PSOE lleva demasiado tiempo respirando aire viciado.

La tercera condena viene del estrecho de Ormuz, donde el recorte iraní de 700.000 barriles diarios ha disparado el petróleo a niveles que amenazan con descarrilar la ya frágil recuperación económica española. Hay algo obsceno en que el destino de las familias españolas que no llegan a fin de mes dependa de las maniobras de un destructor estadounidense en un estrecho a 6.000 kilómetros de distancia. Pero esa es la realidad de la globalización: un tweet de Trump a las 21:15 puede encarecer la gasolina en Albacete a la mañana siguiente. La pregunta que Sánchez debería hacerse no es cómo sobrevivir a esta semana sino cómo construir una economía que no dependa de que un presidente estadounidense decida o no bloquear un estrecho.

La cuarta condena es la más silenciosa y quizá la más grave. Un crucero con una cepa modificada de hantavirus está atracado en Canarias, catorce españoles vuelan esta noche hacia un hospital militar de Madrid y 51.000 personas de Granadilla de Abona están confinadas durante 45 días. La emergencia del Hondius no ha llegado todavía a la primera plana de la preocupación nacional porque los titulares los acaparan Koldo, el PSOE y Ormuz. Pero una tasa de mortalidad del 13,8% para una enfermedad con transmisión persona a persona no es un dato que se pueda relegar al último bloque del telediario. Si la cepa Andes modificada sale del crucero y entra en la población general de Canarias, esta noche se recordará como el momento en que España tuvo todas las señales de alarma encendidas y no las vio porque estaba mirando hacia otro lado.

La quinta condena es la más estructural y la que menos titulares genera: España gobernará en 2026, por tercer año consecutivo, sin Presupuestos Generales del Estado. Lo ha reconocido hoy Bolaños con la resignación de quien confiesa una enfermedad crónica que ya no pretende curar. Gobernar sin Presupuestos es gobernar sin brújula: cada decreto-ley es un parche, cada crédito extraordinario es una admisión de que la planificación ha fracasado. Un país de 47 millones de habitantes no puede funcionar indefinidamente con las cuentas de 2023, del mismo modo que un barco no puede navegar indefinidamente con la carta náutica de un puerto que dejó atrás hace tres años.

Lo verdaderamente preocupante de esta noche no es ninguna de las cinco crisis por separado. Lo verdaderamente preocupante es que se produzcan simultáneamente sobre un sistema político que ya no tiene capacidad de gestión para abordarlas de forma coordinada. El Gobierno de Sánchez afronta una sentencia judicial demoledora, una rebelión interna en su propio partido, una crisis energética que puede disparar la inflación, una emergencia sanitaria de resultado incierto y una parálisis legislativa que le impide gobernar con normalidad. Cualquiera de esos frentes, por sí solo, sería suficiente para definir una legislatura. Los cinco juntos configuran algo que va más allá de una crisis de gobierno: configuran una crisis de sistema.

No digo esto para ser alarmista sino para ser precisa. Una crisis de sistema no significa que las instituciones vayan a colapsar mañana. Significa que las instituciones están operando al límite de su capacidad y que cualquier sacudida adicional — un agravamiento del Hondius, una ruptura de las negociaciones de Mascate, una sentencia que provoque manifestaciones — podría empujar al sistema a un territorio desconocido. España tiene instituciones fuertes, una sociedad civil resiliente y una democracia que ha sobrevivido a golpes de Estado, crisis económicas y pandemias. Pero también tiene un sistema político fragmentado, un gobierno sin Presupuestos, un partido mayoritario en guerra civil y una oposición que prefiere esperar a que el edificio se derrumbe antes que ofrecer los cimientos de una alternativa.

La metáfora de las cinco condenas no es casual. Una condena no es solo un castigo: es un veredicto. Y esta noche, España está recibiendo cinco veredictos simultáneos sobre cinco fracasos diferentes. El veredicto sobre la corrupción de los que debieron servir y sirvieron solo a sí mismos. El veredicto sobre un partido que dejó de escuchar a sus militantes. El veredicto sobre una política energética que nos hace rehenes de crisis lejanas. El veredicto sobre un sistema sanitario que aún no ha aprendido las lecciones de la pandemia. Y el veredicto sobre una clase política que lleva tres años sin ser capaz de ponerse de acuerdo en algo tan básico como los Presupuestos del Estado.

Hay, sin embargo, un sexto veredicto que aún no se ha dictado: el de los ciudadanos. Las próximas semanas determinarán si los españoles deciden que esta acumulación de crisis es la culpa exclusiva de un gobierno o si reconocen que el problema es más profundo y exige soluciones que van más allá de un cambio de inquilino en Moncloa. La tentación del simplismo — de reducir cinco crisis a un solo culpable — es poderosa pero peligrosa. La corrupción no es patrimonio de un partido. La dependencia energética no es responsabilidad de un gobierno. La parálisis legislativa es consecuencia de un sistema electoral que produce mayorías imposibles. Y la crisis sanitaria es el recordatorio de que la naturaleza no respeta los calendarios políticos.

Escribo estas líneas sabiendo que cuando usted las lea, algunas de las incógnitas de esta noche ya habrán empezado a despejarse. Quizá la reunión de Sevilla se haya celebrado y el congreso del PSOE tenga fecha. Quizá las negociaciones de Mascate hayan avanzado y el Brent haya bajado de los 95 dólares. Quizá los 14 españoles del Hondius hayan aterrizado sanos en Madrid y la borrasca Telma se haya desplazado hacia el Mediterráneo. Pero la sentencia del Koldo, que es la condena más irreversible de las cinco, seguirá pendiente hasta el jueves a las 10:00. Y esa espera — esas 36 horas que nos separan del veredicto de Marchena — es el reloj que marca el tempo de esta noche española.

La justicia no tiene prisa, pero tampoco pierde el tiempo. Es la frase que alguien ha colgado, como una premonición, junto al reloj de la Sala Segunda del Supremo. Esta noche, mientras las cinco condenas convergen sobre un país que intenta dormir, esa frase suena menos a aforismo y más a advertencia. La justicia llegará el jueves. La pregunta es si el país que la reciba será el mismo que se acuesta esta noche o si habrá cambiado ya de forma irreversible antes de que Marchena abra la boca.