De la Espriella escogió como escenario la cubierta de un buque de guerra para enmarcar el anuncio en la defensa de los espacios marítimos insulares, un terreno marcado por las disputas con terceros Estados. El antecedente más citado es el litigio con Nicaragua: la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en noviembre de 2012 que, si bien San Andrés y Providencia son colombianas, amplió la zona económica exclusiva nicaragüense sobre aguas que Bogotá consideraba propias, un revés que todavía condiciona la política marítima del país en el Caribe.
El presidente explicó que la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 ordenó trazar las líneas de base del archipiélago, pero el procedimiento quedó a medias. En 1984 se fijaron las correspondientes al territorio continental, mientras que las insulares permanecieron sin definir durante más de cuarenta años, un vacío que los gobiernos posteriores no cerraron.
Las líneas de base son el punto de referencia técnico y jurídico desde el cual un Estado mide la extensión de su mar territorial, su zona contigua y su zona económica exclusiva, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De la Espriella indicó que el decreto se firmará el día del cumpleaños de San Andrés y que sus disposiciones se incorporarán a las cartas náuticas oficiales del país, con el propósito de cartografiar el territorio arrecifal conforme a la legislación nacional y al derecho internacional.
El mandatario sostuvo que Colombia ejerce soberanía sobre las islas del archipiélago y sus espacios marítimos circundantes, y advirtió que no permitirá actividades de pesca, exploración o investigación científica sin autorización previa en esas aguas. Aseguró además que la Armada Nacional defenderá los derechos del país y protegerá a los pescadores artesanales frente a la piratería en la zona.
"Saldar una deuda histórica en materia de soberanía marítima", dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre el propósito del decreto de líneas de base.
Cruce previo con autoridades de San Andrés
El anuncio llega después de que De la Espriella protagonizara un tenso cruce con autoridades locales del archipiélago, episodio en el que, según registró su propia alocución previa desde la isla, le dijo a una representante de la región: "Estoy enterado de los negocios de su marido; a mí no me van a ver la cara". El Gobierno destinará, además, $2.300 millones para apoyar a más de 270 emprendedores y mipymes de San Andrés, según informó el propio Ejecutivo.
El decreto de líneas de base se inscribe en una estrategia más amplia que el Gobierno presenta como un impulso al archipiélago como centro marítimo y logístico del Caribe insular. El plan contempla nuevas conexiones regionales, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y un incremento de la actividad naviera.
Como parte de ese paquete, el Gobierno anunció que acelerará la reglamentación del registro único colombiano de naves y artefactos navales y creará un procedimiento especial para embarcaciones de recreo que tengan a San Andrés como puerto de registro. El trámite, según el anuncio presidencial, será electrónico y podrá iniciarse desde cualquier capitanía de puerto, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales.
La estrategia también apunta a generar empleo, fortalecer la pesca artesanal y mejorar la comercialización de sus productos en los mercados continentales, según detalló el mandatario en la misma alocución.
Escrutinio en varios frentes
El anuncio sobre San Andrés se produce mientras el Gobierno de De la Espriella enfrenta señalamientos en otros frentes, desde discrepancias sobre el manejo de cifras de seguridad —las cifras de seguridad de De la Espriella no coinciden con datos del Ministerio de Defensa— hasta denuncias sobre presiones políticas y pagos irregulares en entidades del Estado, como las que llevaron al director del Sena a denunciar pagos de contratistas a un concejal y presiones políticas.
El presidente también sorteó un episodio judicial relacionado con su movimiento político: el Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la personería jurídica del partido Defensores de la Patria, con el que llegó a la Casa de Nariño, un fallo que despejó las dudas sobre la continuidad de su colectividad.
La firma del decreto de líneas de base quedó fijada para el 30 de noviembre, fecha en que, según anunció el propio presidente, el Gobierno incorporará oficialmente las nuevas coordenadas a las cartas náuticas del país.
