Robinson, quien también preside el PRD, marcó su estilo ante sus colegas durante la sesión del miércoles con una frase que él mismo se encargó de recordar: "A estas alturas, después de 40 años, no me van a robar la calma presidiendo una comisión". El comentario se produjo en medio de la sesión que preside, en la que integrantes de la bancada de Vamos han intentado, sin éxito durante dos años, que la instancia apruebe reformas que castiguen con mayor severidad los delitos contra el erario.
La comisión es la puerta de entrada legislativa para cualquier cambio al Código Penal panameño en materia de corrupción, blanqueo de capitales y delitos conexos contra la administración pública. Ningún proyecto de esa naturaleza puede llegar al pleno de la Asamblea sin pasar primero por su prohijamiento, es decir, sin que la comisión decida admitirlo a debate. Esa función de filtro, según diputados de Vamos, se ha convertido en el principal escollo para el avance de la agenda anticorrupción en el Legislativo.
En octubre de 2025, bajo la presidencia previa de Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM), la comisión rechazó dos iniciativas de peso presentadas por el procurador Gómez: un proyecto de ley general anticorrupción y una reforma penal que proponía penas de hasta seis años de cárcel para funcionarios que cobraran salario sin prestar el servicio correspondiente. Ninguna de las dos ha vuelto a discutirse desde entonces.
El diputado Roberto Zúñiga, de Vamos, intentó en varias ocasiones que la comisión prohijara su propuesta para declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública, sin éxito. Otros integrantes de la bancada enfrentaron resultados similares, según el recuento de los propios legisladores afectados.
Camacho, quien institucionalizó la frase "mientras más me ponen presión, más lento me pongo", sostuvo en su momento que la mayoría de las propuestas que llegaban a la comisión buscaban endurecer penas sin que ello tuviera, a su juicio, un efecto disuasivo real. Ese argumento marcó la línea de la comisión durante su gestión. Robinson ha optado por un estilo de conducción distinto, aunque el resultado —según la oposición— ha sido el mismo estancamiento.
La actual directiva la integran Robinson en la presidencia, el diputado Julio De la Guardia, del oficialista Cambio Democrático, como vicepresidente, y el propio Camacho como secretario. Uno de los mantras de Robinson es que prohijará todo proyecto que llegue a la comisión, sin importar de qué bancada venga, una postura que en la práctica ha permitido el avance de iniciativas ajenas al combate a la corrupción.
En la sesión del 26 de agosto, la comisión admitió dos propuestas bajo ese criterio. La primera, del diputado del Molirena Isaac Mosquera, abre la puerta a lo que se ha descrito como un olvido penal para ciertos delitos de corrupción y blanqueo de capitales, una figura que permitiría atenuar o extinguir responsabilidades penales bajo condiciones aún por precisar en el debate legislativo.
La segunda iniciativa, de la diputada oficialista Dana Castañeda, tipifica como delito contra el honor el uso de inteligencia artificial para fabricar contenido falso que dañe la reputación de una persona. Camacho, por su parte, prometió que introducirá una disposición para eliminar la prohibición vigente que impide a los funcionarios públicos recurrir a la vía penal contra ciudadanos que, a su juicio, los hayan calumniado o afectado en su honor. Ninguno de los dos proyectos admitidos endurece las sanciones contra la corrupción.
El diputado Osman Gómez, veterano político de Chiriquí que ha militado en varios partidos, intervino durante la sesión para pedir a Robinson una reunión posterior sobre el comportamiento de voto de ciertos legisladores. "Diputado que no colabora con diputados no se les puede seguir apoyando tampoco. Hay que ser claro en la vida", afirmó, en un mensaje dirigido a la diputada de Vamos Alexandra Brenes, quien había rebatido aspectos de la propuesta de Mosquera durante el debate.
La Comisión de Gobierno ha sido, en distintos periodos legislativos, escenario de tensiones entre las bancadas que impulsan reformas anticorrupción y las mayorías que controlan la agenda de debate. En Panamá, el impulso reformista suele activarse tras episodios de conmoción pública —como los procesos judiciales derivados del caso Odebrecht, que sacudieron la política nacional a partir de 2017—, pero pierde fuerza cuando la iniciativa retorna al terreno legislativo, donde el control de las comisiones determina qué avanza y qué queda archivado.
Ni la Contraloría General de la República, encargada del refrendo de los contratos estatales y de la fiscalización de fondos públicos, ni el procurador Gómez han informado públicamente si insistirán en la reintroducción de los proyectos rechazados en octubre de 2025. Del lado de la directiva, Robinson mantiene su compromiso declarado de admitir a debate todo proyecto que llegue a la comisión, sin distinción de bancada.
De cara a las próximas sesiones, la comisión continuará el trámite de los dos proyectos admitidos el 26 de agosto, que deberán surtir primer, segundo y eventual tercer debate antes de pasar a la sanción del Ejecutivo, en caso de aprobarse. Las bancadas de oposición han anunciado que insistirán en reintroducir propuestas de imprescriptibilidad y endurecimiento de penas, aunque su suerte dependerá, una vez más, de la voluntad de prohijamiento de la directiva encabezada por Robinson.