El caso de Armando Barrios, profesor, diseñador gráfico y folclorista que se postuló a la alcaldía de La Chorrera en 2019 respaldado por el pequeño partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), ilustra una tensión estructural del sistema. Recorrió los 18 corregimientos del distrito con una base de simpatizantes reducida, sostenida principalmente por familiares y amistades, y ofreció propuestas centradas en seguridad ciudadana, modernización del transporte público y recolección de basura. La falta de recursos económicos le impidió contar con representantes de mesa en los distintos corregimientos, lo que, según relata, debilitó la organización de su campaña y contribuyó a su derrota electoral.
"La realidad política en Panamá es que gana el que más [dinero] tiene", sostiene Barrios, quien atribuye buena parte del resultado a un electorado que calificó de volátil e inmediatista, más receptivo a la oferta de beneficios directos que a la propuesta programática. Su experiencia, admite, no demuestra por sí sola que el dinero determine el resultado de toda elección, pero sí plantea la pregunta que atraviesa el sistema: si las asimetrías económicas entre candidatos condicionan de entrada la competencia por los cargos públicos. Barrios afirmó que no volvió a postularse en las elecciones generales de 2024, decisión que, según explicó, obedeció directamente a la experiencia acumulada en la campaña de 2019.
Las cifras del TE correspondientes a 2024 respaldan parte de esa lectura. Solo en las ocho campañas por la Presidencia de la República, las donaciones privadas, de terceros, en especie y de recursos propios sumaron $16.1 millones, una cifra equivalente a casi el 30% del total del fondo público preelectoral de $54.5 millones repartido ese año entre partidos políticos y candidaturas a distintos cargos, incluidas diputaciones, alcaldías y representaciones de corregimiento. La diferencia frente al fondo público total fijado, de $109,021,813, revela hasta qué punto el aporte privado se concentra en la contienda de mayor visibilidad.
Un modelo con desigualdades persistentes
El politólogo Harry Brown, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), explica que el financiamiento público electoral surgió precisamente para romper la barrera de acceso económico a la política y ampliar la participación de ciudadanos sin grandes fortunas personales. No obstante, advierte que la sola existencia de un fondo estatal no garantiza por sí misma una competencia equitativa entre los aspirantes, especialmente cuando el aporte privado puede multiplicar el monto asignado por el Estado a una candidatura específica. En la misma línea, el profesor de economía y gestión de políticas públicas Anastacio Rodríguez, de la Universidad de Panamá, sostiene que la capacidad financiera de un candidato incide de forma decisiva en sus posibilidades reales de competir, porque determina el alcance de su comunicación y su capacidad de proyectar viabilidad ante donantes y medios.
Rodríguez fundamenta su lectura en los datos de ingresos y gastos de campaña registrados por el TE durante los comicios de 2024 y publicados en la plataforma de datos abiertos La Ruta de la Plata. Esa dinámica se traduce, en la práctica, en diferencias visibles durante la campaña: la capacidad de recorrer comunidades con equipos de trabajo, contratar asesores especializados, producir propaganda, pautar publicidad y asegurar representantes de partido en las mesas de votación el día de los comicios. Cada uno de esos elementos requiere financiamiento que excede, en numerosos casos, lo que el fondo público asigna proporcionalmente a partidos pequeños o candidaturas de libre postulación.
El Código Electoral establece la obligación de que los candidatos declaren ante el TE el origen de sus aportes, ya sea de terceros, en especie o de recursos propios, un marco pensado para dar transparencia al proceso. El fondo público, calculado como el 1% de los ingresos corrientes presupuestados del gobierno central, se distribuye entre los partidos legalmente reconocidos y las candidaturas de libre postulación conforme a fórmulas del TE que combinan resultados electorales previos y participación en la contienda vigente. Mecanismos de esta naturaleza, que combinan financiamiento estatal y privado, existen en distintos países de la región latinoamericana con variaciones en la fórmula de reparto y los montos.
La disparidad entre partidos grandes, con estructura consolidada y capacidad de autofinanciación, y agrupaciones pequeñas o candidaturas de libre postulación no es un fenómeno reciente en la historia electoral panameña. Desde el retorno al régimen democrático en 1989, tras la intervención militar estadounidense que puso fin al gobierno del general Manuel Antonio Noriega, sucesivas reformas al Código Electoral —incluida la de 1997 que introdujo el financiamiento público— han buscado equilibrar el terreno de juego entre fuerzas políticas de distinto tamaño, con resultados desiguales según el nivel de la contienda.
Para Barrios, la discusión sobre los montos del fondo público resulta secundaria frente a un problema que considera más profundo: la pérdida de confianza ciudadana en el sistema tras experiencias de derrota percibidas como determinadas por la desigualdad de recursos entre candidaturas. Es una lectura de parte que Brown y Rodríguez matizan al recordar que el propio financiamiento público nació como herramienta correctora, aunque insuficiente por sí sola, de esa brecha de origen.
La próxima cita electoral general en Panamá está prevista para 2029, plazo en el cual académicos como Brown y Rodríguez plantean que debería abrirse la discusión sobre mecanismos adicionales de fiscalización y un eventual ajuste de los topes de financiamiento privado, con el propósito declarado de reducir la brecha que separa a las candidaturas con mayor capacidad económica de aquellas que, como la de Barrios en 2019, dependen casi exclusivamente del entorno familiar y comunitario para sostener su campaña.