La comparecencia, a la que ha tenido acceso este periódico a través de la documentación judicial, se produjo en el marco de las tres testificales acordadas por el juez instructor desde noviembre del año pasado. De las tres, la del responsable de Compras es la más relevante de la instrucción, porque procede de quien dirige jerárquicamente la unidad que tramita materialmente los concursos de Egevasa, la Empresa General Valenciana del Agua, que abastece de agua potable a unos 250.000 vecinos de la provincia.
Egevasa está participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia, integrada en Global Omnium. Ese reparto accionarial es el núcleo de la investigación: la sociedad pública habría encargado a personal de su propio socio privado —que a su vez resultaba beneficiario de parte de las adjudicaciones— tanto la redacción de los pliegos como la apertura de los sobres de las ofertas presentadas por los licitadores.
Preguntado por el magistrado sobre su papel en las licitaciones, el testigo declaró que interviene «en la apertura de los sobres 1, 2 y 3» como miembro de la unidad de contratación, y describió el trámite: «Se abren los sobres, se levanta el acta y se firman las actas». Precisó que su nómina no procede de Egevasa ni de la matriz Global Omnium, sino de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas (Emivasa), participada en un 80% por Aguas de Valencia y, por tanto, también vinculada al grupo.
Cómo se gestaban los contratos
Según relató ante el instructor, el proceso de adjudicación arranca cuando un técnico de Egevasa detecta una necesidad de suministro o servicio y redacta un informe con la descripción del contrato, una estimación económica, los criterios de valoración y la solvencia exigida a los licitadores. Ese informe lo valida primero su superior jerárquico y después el gerente de la sociedad, siempre que se supere el umbral del contrato menor, fijado en 15.000 euros para servicios y suministros y en 40.000 para obras conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
A partir de ese informe interviene la unidad de contratación, la que dirige el testigo. «Con todos los requisitos marcados por el técnico de Egevasa se elabora el pliego de condiciones particulares administrativas y un pliego de requisitos técnicos», declaró. El juez le preguntó de forma expresa si esos pliegos se redactaban en esa unidad, a lo que respondió «sí», matizando que se hacía «con el contenido que se ha indicado en el informe de necesidad».
La unidad la integran tres personas con poderes adjudicados por Egevasa para tramitar administrativamente los concursos: el propio compareciente, que ejerce la responsabilidad jerárquica, y dos trabajadoras más, empleadas de sociedades vinculadas a Global Omnium y no de la empresa pública. El testigo situó su incorporación al puesto en 2017 o 2018, lo que implicaría que estuvo presente durante la tramitación de la práctica totalidad de los expedientes recogidos en la denuncia que originó la causa.
Aguas de Valencia ha solicitado el archivo de las diligencias y ha negado los hechos objeto de la denuncia, sin que hasta la fecha conste una resolución judicial sobre esa petición. La empresa sostiene que su participación en los órganos de contratación de Egevasa se ajusta al marco estatutario y contractual pactado con la Diputación desde la constitución de la sociedad mixta.
La causa se encuentra en fase de diligencias previas, la etapa procesal en la que el juez recaba pruebas para determinar si existen indicios suficientes de delito antes de decidir sobre una eventual apertura de juicio oral o el archivo. La Fiscalía Anticorrupción, que trasladó la denuncia anónima al juzgado en julio de 2024, mantiene su condición de parte y puede solicitar diligencias adicionales o pronunciarse sobre las peticiones de las defensas.
El expediente afecta a adjudicaciones tramitadas mayoritariamente entre 2018 y 2023, periodo que coincide con el gobierno provincial del PSPV-PSOE hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. La actual Diputación, gobernada por el Partido Popular, encargó una auditoría interna sobre los contratos del agua gestionados en la etapa anterior, según fuentes de la institución provincial. La Fiscalía ha citado además a declarar a responsables socialistas vinculados a aquellos contratos.
El caso valenciano no es el primero en España en el que se cuestiona la separación entre el socio privado de una empresa mixta de aguas y los órganos que deciden sus contratos públicos. La fórmula de gestión mixta, extendida en el ciclo del agua desde los años ochenta, ha sido objeto de escrutinio en causas similares en distintas comunidades autónomas, con desenlaces judiciales dispares que van desde el archivo hasta condenas por delitos contra la Administración Pública.
El juzgado deberá decidir en las próximas semanas si convoca nuevas testificales, entre ellas las de responsables políticos de la etapa investigada, y si admite la petición de archivo planteada por Aguas de Valencia. De mantenerse abierta la instrucción, el siguiente hito procesal sería la eventual imputación formal de investigados, todavía en la fase de diligencias previas sin que conste que se haya dictado auto de procesamiento contra persona física alguna.
