Las 14 irregularidades documentadas por la defensa de Begoña Gómez abarcan un catálogo procesal que, si fuera acreditado judicialmente, podría invalidar buena parte de la instrucción. La más grave, según los procesalistas consultados por este periódico, es la número 7: la defensa sostiene que Peinado dictó el auto de procesamiento del 16 de abril sin haber completado el trámite de audiencia previa exigido por el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un requisito que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha calificado reiteradamente como 'esencial e irrenunciable'. Según el escrito de Camacho, el juez debería haber notificado a la investigada la intención de procesarla con un plazo mínimo de 5 días para que pudiera presentar alegaciones, y sin embargo dictó el auto 48 horas después de la última diligencia sin dar traslado alguno. La irregularidad número 3 también reviste especial importancia: la defensa documenta que al menos 4 de los 12 informes periciales incorporados al sumario fueron solicitados por el juez sin trasladar copia a las partes en el plazo de 3 días previsto en el artículo 467 de la LECrim, lo que habría impedido a la defensa ejercer su derecho a designar perito de parte. Las restantes irregularidades se refieren a plazos acortados, providencias notificadas con retraso, denegación de diligencias de prueba propuestas por la defensa y la incorporación al sumario de recortes de prensa como elemento probatorio sin contradicción.
La respuesta del juez Peinado al escrito de la defensa determinará el rumbo procesal del caso en las próximas semanas. Según las fuentes judiciales consultadas, Peinado tiene tres opciones: primera, rechazar las alegaciones de irregularidad mediante auto motivado, lo que obligaría a la defensa a recurrir ante la Audiencia Provincial y abriría un segundo frente procesal; segunda, admitir parcialmente las irregularidades y retrotraer las actuaciones a un punto anterior del procedimiento, lo que supondría un retraso de varias semanas pero reforzaría la solidez de la instrucción frente a futuros recursos; y tercera, inhibirse del conocimiento de la causa si considera que su imparcialidad ha sido cuestionada de forma irreversible, una opción que fuentes cercanas al juez descartan categóricamente. Los observadores jurídicos apuestan mayoritariamente por la primera opción: Peinado rechazará las alegaciones, la defensa recurrirá ante la Audiencia Provincial y la batalla procesal se trasladará a un tribunal superior que deberá pronunciarse sobre si las irregularidades son de suficiente entidad como para afectar a la validez del procesamiento. La experiencia histórica sugiere que los tribunales superiores rara vez anulan procesamientos por irregularidades formales salvo que estas hayan causado una indefensión material efectiva, un estándar exigente que la defensa tendrá dificultades para acreditar.
El caso Koldo, que entra en su segunda semana de juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, añade una capa adicional de complejidad al panorama judicial de esta semana. Las sesiones se reanudarán el martes a las 09:30 con la declaración de dos empresarios que la Fiscalía identifica como receptores de los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia: Claudio Rivas, administrador de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., y Manuel de la Cruz, consejero delegado de Global Procurement Alliance. Ambos están acusados de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, y sus declaraciones podrían corroborar o desmentir los testimonios de la primera semana sobre la presencia habitual de Víctor de Aldama en la planta noble del Ministerio. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que las sesiones del martes y miércoles se celebren a puerta cerrada para proteger la declaración de un testigo protegido, una petición que la Sala deliberará en la mañana del martes y que las defensas rechazan por considerar que limita el derecho a la publicidad del juicio oral.
La posible quinta detención en el caso Koldo, que la UCO tiene preparada para esta mañana si el cruce de logs de la AEAT confirma la identidad del funcionario 'H', introduce un elemento de incertidumbre que podría alterar el calendario del juicio. Si la detención se produce antes de las 10:00 —hora de inicio del pleno del artículo 103—, la Fiscalía podría solicitar al Supremo una ampliación del auto de procesamiento para incluir al nuevo detenido, lo que obligaría a la Sala a decidir si incorpora la nueva pieza al juicio en curso o la tramita en un procedimiento separado. Las fuentes de la UCO consultadas indican que la decisión sobre la detención depende de un informe técnico de la Agencia Tributaria que estaba previsto para las 07:00 de esta mañana y que, a la hora de cierre de esta edición, no había sido recibido. Si el informe confirma que el funcionario 'H' accedió a las bases de datos fiscales de la AEAT para obtener información tributaria de los 14 empresarios vinculados a la trama, la detención se ejecutará 'de forma inmediata', según las fuentes. Si los datos son inconcluyentes, la UCO solicitará 48 horas adicionales para completar el cruce.
El Tribunal Constitucional tiene sobre su mesa otra pieza del tablero judicial que podría tener consecuencias sistémicas: la decisión sobre la recusación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado García Ortiz, en el procedimiento que investiga si la cúpula de la Fiscalía filtró información reservada sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La recusación, presentada por el PP el 2 de abril, argumenta que García Ortiz tiene un interés personal directo en el resultado del procedimiento porque es la persona investigada y porque su continuidad en el cargo depende de que el TC rechace los cargos. La ponente del caso, la magistrada María Luisa Balaguer, ha circulado un borrador de resolución entre los 11 miembros del Pleno que, según las fuentes consultadas, rechaza la recusación por considerar que 'la condición de investigada no genera automáticamente un conflicto de interés que justifique la inhibición del ministerio fiscal'. Si el Pleno ratifica el borrador de Balaguer, la Fiscalía General podrá seguir ejerciendo la acusación pública en sus propios procedimientos, un precedente que los críticos consideran 'una anomalía sin parangón en los sistemas judiciales europeos' y los defensores califican de 'aplicación estricta del principio de independencia del ministerio fiscal'.
La confluencia de los tres casos judiciales —Gómez, Koldo y García Ortiz— dibuja un paisaje jurídico sin precedentes en la democracia española. Nunca antes habían coincidido en el tiempo un juicio oral en el Supremo contra un exministro del Gobierno, la instrucción penal contra la esposa del presidente en activo y un procedimiento del Tribunal Constitucional contra la fiscal general del Estado. La acumulación de causas ha generado un debate entre juristas sobre si el sistema judicial español tiene la capacidad institucional para gestionar simultáneamente tres procedimientos de esta envergadura sin que la presión mediática y política contamine la independencia de los tribunales. El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, en un artículo publicado ayer en Infolibre, argumenta que 'la simultaneidad de los casos es un test de estrés para el Estado de Derecho que, paradójicamente, demuestra su fortaleza: los tribunales investigan, juzgan y procesan con independencia de quien sea el investigado'. La posición contraria la representa el catedrático de Derecho Procesal Joan Picó i Junoy, que en una columna en otro medio advierte de que 'la acumulación de causas contra el entorno del Gobierno genera una apariencia de persecución política que, sea o no fundada, erosiona la confianza ciudadana en la Justicia'.
Los abogados de Begoña Gómez han anunciado que esta semana presentarán formalmente la querella por prevaricación contra el juez Peinado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un movimiento que escala el enfrentamiento a un nivel sin retorno. La querella, según las fuentes de la defensa, se basa en dos de las 14 irregularidades documentadas en el escrito del viernes: la omisión de la audiencia previa al procesamiento y la incorporación de recortes de prensa como prueba sin contradicción. Si el TSJM admite a trámite la querella, deberá decidir si Peinado puede seguir instruyendo el caso mientras está siendo investigado por prevaricación en el ejercicio de esa misma instrucción, un dilema procesal que los juristas califican de 'círculo vicioso' y que podría paralizar el caso durante meses. Las fuentes cercanas a Peinado descartan que el juez se aparte voluntariamente y anticipan que cualquier intento de apartarlo será impugnado ante el Tribunal Supremo. La batalla procesal, en definitiva, ha sustituido a la batalla probatoria como el verdadero campo de combate del caso Gómez.
La semana judicial que comienza hoy será, en suma, la más intensa de la legislatura. El lunes, la posible detención del funcionario 'H' y la comparecencia de Montero en la SEPI. El martes, la reanudación del juicio del caso Koldo con dos empresarios clave y la posible audiencia del TC sobre García Ortiz. El miércoles, el plazo para que Peinado responda al escrito de irregularidades de la defensa de Gómez. El jueves, el vencimiento del plazo que la Comisión Europea ha dado a las tecnológicas para presentar planes de adaptación a la nueva normativa de privacidad. Y el viernes, la decisión de Peinado sobre si archiva parcialmente el caso Gómez o amplía la instrucción a nuevos delitos, un pronunciamiento que el propio juez ha aplazado tres veces y que las fuentes judiciales sitúan ahora como 'probable pero no seguro' antes del fin de semana. Los tribunales españoles, en definitiva, funcionan a la velocidad que sus detractores consideran excesiva y sus defensores califican de insuficiente. La democracia, como siempre, se dirime en la zona gris entre la urgencia y la prudencia.
