El testimonio del dirigente comunitario apunta a un contraste que no suele ocupar la agenda nacional: la seguridad que el Órgano Ejecutivo exhibe como su principal capital político convive, según Natarén, con el deterioro agrícola y el vaciamiento de los cantones. La ausencia de pandillas, en su lectura, no equivale a presencia de oportunidades para quien se queda sin qué sembrar ni a quién vender la cosecha.
La reducción de las remesas que menciona el líder comunitario funciona como síntoma de un ciclo. Cuando el dinero que antes llegaba para comprar semilla o pagar un préstamo agrícola empieza a mermar, el campo deja de ser una opción incluso para quien permaneció; y a menor viabilidad del campo, más migración y menos remesa para los que sostenía ese envío. Es un círculo que se cierra sin necesidad de decreto.
El abandono histórico de las zonas rurales que denuncia Natarén no es un fenómeno reciente. Cabañas, como buena parte del oriente salvadoreño, ha sido destinataria habitual de programas de crédito agrícola, semilla mejorada y atención al corredor seco anunciados por administraciones de distinto signo durante más de dos décadas, sin que el departamento note una diferencia duradera, según el testimonio recogido.
El contraste con la centralidad del debate nacional es marcado. Mientras la Asamblea Legislativa prorrogó por quincuagésima quinta vez el régimen de excepción —medida que sigue vigente hasta el 27 de octubre— y el debate público gira en torno a las tensiones internas de partidos como Vamos, sacudido por salidas de dirigentes y negaciones de acercamientos con otras fuerzas, los cantones de Cabañas producen una crónica silenciosa: la de quien se va sin que nadie lo registre como migrante.
Esa asimetría tiene consecuencias concretas: la pobreza rural no corta carreteras ni convoca manifestaciones frente a Casa Presidencial, de modo que rara vez llega a San Salvador como noticia. El deterioro avanza sin estridencia, cantón por cantón, mientras el país discute quién se acerca a quién en el tablero partidario.
El éxodo rural salvadoreño no empieza con este gobierno. Los departamentos del oriente y el centro del país arrastran décadas de migración hacia Estados Unidos, acelerada tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando la economía campesina no logró absorber a quienes regresaban del conflicto y el flujo migratorio terminó convirtiendo a las remesas en uno de los pilares del ingreso de miles de familias rurales.
Lo que Natarén describe para Cabañas es la continuidad de ese patrón en una fase distinta: la de un departamento donde la seguridad mejoró, pero el sustento se sigue restando. Según su testimonio, el campo cabañense pierde gente, cosecha y remesa sin que la agenda institucional se haya detenido a preguntar por qué.
