Porque esa es la segunda concesión, y conviene hacerla sin reservas. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de forma sucesiva por la Asamblea Legislativa, ha venido acompañado de materiales audiovisuales oficiales que documentan operativos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil contra estructuras pandilleriles. Documentar es informar. Un Estado que enseña lo que hace es, en principio, un Estado transparente. Si el Órgano Ejecutivo graba, edita y difunde sus operativos, está rindiendo cuentas de su propia actividad ante quien paga esa actividad: usted. Hasta aquí, todo correcto.
Aceptemos entonces la tercera premisa, que es la del propio ensayo: la forma en que se edita, musicaliza y difunde una pieza audiovisual oficial condiciona la lectura que la audiencia hace de los hechos narrados. Esto tampoco es una acusación. Es, casi, una obviedad técnica. Un plano se elige, otro se descarta. Una música se superpone, un silencio se corta. Nadie filma por casualidad. Toda imagen oficial es una imagen decidida. Concedámoslo con naturalidad: la propaganda, en su sentido neutro de propagar un mensaje, es tan vieja como el poder, y no tiene signo ideológico. El ensayo lo dice: la crítica se aplica con independencia del gobierno que produce las piezas.
Sigamos, que vamos bien. Aceptemos la cuarta premisa, que el autor extrae de nuestra propia historia: el recurso a la imagen con fines de legitimación política no es un fenómeno nuevo en El Salvador. El conflicto armado de 1980 a 1992 dejó una amplia producción audiovisual de ambos bandos destinada a disputar el relato de la guerra, desde los noticieros institucionales hasta las transmisiones de Radio Venceremos. Ambos bandos, fíjese usted. Los dos querían ordenar lo que la gente percibía. Los dos filmaban su propia versión. Y los dos, cada uno a su manera, creían estar del lado correcto de la cámara.
De modo que, sumando premisas, hemos aceptado cuatro cosas sin pestañear: que editar condiciona la percepción, que toda imagen oficial es una imagen escogida, que esto ocurre con cualquier gobierno, y que en este país ya pasó antes. Cuatro premisas que ninguna autoridad salvadoreña necesitaría rebatir, porque ninguna es un reproche. Son descripciones. El problema —y aquí empieza a reventar solo— no está en ninguna de las cuatro por separado. Está en lo que se deduce cuando se las pone en fila.
Escribió Roque Dalton que todos nacimos medio muertos en 1932, recordándonos que un país también se construye con lo que decide recordar y lo que decide callar. Apliquemos ese bisturí a nuestra concesión. Si aceptamos, como hemos aceptado, que la imagen oficial se edita para ordenar la percepción pública de un conflicto, entonces la pregunta no es si esas piezas son propaganda —lo son, por definición, igual que lo eran los noticieros institucionales de los ochenta—. La pregunta es qué percepción, exactamente, se está ordenando, y sobre qué hechos.
Porque el régimen de excepción no es un paisaje: es la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de reunión y la asistencia legal inmediata al detenido. Y aquí la lógica que hemos venido aceptando se cierra sobre sí misma. Si toda imagen oficial condiciona la lectura de los hechos, y si los hechos incluyen garantías suspendidas, entonces la pieza bien editada no documenta neutralmente el operativo: documenta el operativo y, de paso, documenta que usted lo aplauda sin preguntar por el detenido al que nadie asistió. La música que sube en el momento de la captura no está narrando lo que ocurre. Está decidiendo qué parte de lo que ocurre merece ser sentida, y qué parte conviene que no se vea. Esa es la trinchera del título: no la del operativo, sino la del plano que usted no llegó a ver.
Y ahí el argumento oficial se muerde la cola. Porque quien sostiene que las piezas solo documentan no puede sostener a la vez que las edita para que emocionen; y quien las edita para que emocionen ha admitido, sin quererlo, que la percepción pública de la seguridad es un producto fabricado con la misma técnica con que se fabrica cualquier otro relato de guerra. El ensayo no lo afirma: se limita al análisis estético y discursivo, y deja abierto, entre organismos de derechos humanos y autoridades salvadoreñas, el debate sobre los resultados. Pero la estética, cuando se la toma en serio hasta el final, siempre termina señalando quién sostiene la cámara. En los ochenta había dos bandos filmando. Hoy, sobre el régimen de excepción, ¿quién firma el montaje que usted ve, y quién decide el plano del detenido que usted nunca verá?
