El crimen, perpetrado en noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador, segó la vida de los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y García, junto con la cocinera Elba Ramos y su hija Celina, de 15 años. El episodio se convirtió en uno de los hechos más documentados de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y en referencia obligada en los debates sobre memoria histórica y justicia transicional.
Cuéllar, que dirigió durante años el IDHUCA, es una de las voces que con mayor continuidad ha dado seguimiento judicial y político al caso desde el propio centro universitario donde ocurrió la masacre. Su balance apunta a que el expediente judicial salvadoreño no ha logrado cerrar las vías abiertas tras el crimen, pese al paso de casi cuatro décadas y de los distintos procesos abiertos tanto en El Salvador como en tribunales extranjeros.
"La impunidad tiene cuatro rostros y El Salvador sigue sin saldar su deuda con la justicia", sostuvo Benjamín Cuéllar, exdirector del IDHUCA.
El proceso judicial por el caso jesuitas estuvo marcado durante más de dos décadas por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 días después de que la Comisión de la Verdad para El Salvador publicara su informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Esa ley cerró en la práctica la posibilidad de enjuiciar en el país a los responsables intelectuales y materiales de crímenes como el de la UCA.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016, lo que reabrió formalmente la puerta a procesos por crímenes de guerra, incluido el caso jesuitas. La reactivación de causas penales por hechos de hace más de tres décadas ha enfrentado, sin embargo, obstáculos probatorios, procesales y de voluntad institucional que organizaciones de derechos humanos han señalado de forma reiterada.
Mientras el caso avanzaba con lentitud en los tribunales salvadoreños, la Audiencia Nacional de España asumió jurisdicción sobre el crimen al tratarse de víctimas de origen español, lo que derivó en un juicio en Madrid contra el coronel Inocente Orlando Montano, extraditado desde EUA, donde cumplía una condena por fraude migratorio. Ese proceso terminó con una condena en 2020, un desenlace que en su momento se interpretó como contraste con la lentitud del sistema judicial salvadoreño para resolver el mismo caso.
La fractura entre lo avanzado fuera del país y lo pendiente dentro de sus fronteras forma parte, según el planteamiento de Cuéllar, de los "cuatro rostros" de la impunidad: la ausencia de condenas firmes en El Salvador, la falta de acceso pleno a los archivos militares de la época, el estancamiento de otros casos de la guerra civil con similar perfil y la persistencia de un debate político no saldado sobre la memoria del conflicto armado.
Organizaciones como Madres por la Libertad han mantenido en los últimos meses actos públicos de memoria vinculados a víctimas de distintos periodos de la historia reciente del país, en un contexto en el que la discusión sobre justicia y reparación continúa presente en la agenda de derechos humanos salvadoreña. El caso de los jesuitas de la UCA se mantiene como referencia obligada cada noviembre, cuando se cumple un nuevo aniversario del crimen, en los balances que organizaciones y centros académicos hacen sobre el estado de la justicia transicional.
