La postura se conoce después de que Amnistía Internacional solicitara a los gobiernos de El Salvador y de Haití que hicieran público el texto que ampara la presencia de efectivos salvadoreños en la misión de apoyo a la seguridad en el país caribeño. El reclamo del organismo se centra en la transparencia del despliegue y en el marco jurídico bajo el cual operan los contingentes.
En declaraciones recogidas este lunes, Ulloa fijó la condición en términos tajantes:
«No lo vamos a revelar hasta que condiciones diplomáticas lo permitan», Félix Ulloa, vicepresidente de la República.
El convenio no ha sido difundido por ninguna de las dos administraciones, lo que deja sin respaldo público conocido el marco legal bajo el que actúan las tropas salvadoreñas en territorio haitiano. Esa reserva alimenta el reclamo de organismos internacionales, que exigen precisión sobre el mandato, el régimen de mando y las reglas de actuación de los efectivos desplegados.
El Salvador se sumó en los últimos meses a la fuerza multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, autorizada en el marco de las gestiones internacionales para contener la violencia de las pandillas armadas que controlan buena parte de Puerto Príncipe. La participación salvadoreña se ha presentado como una proyección de la estrategia de seguridad del Órgano Ejecutivo más allá de las fronteras, en un contexto en que el país mantiene el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El reclamo de Amnistía Internacional se suma a señalamientos previos de organismos de derechos humanos sobre la gestión salvadoreña de la seguridad, que ya ha generado litigios y pronunciamientos por el manejo del régimen de excepción dentro del país. Un ensayo reciente llegó a comparar la estética del régimen de excepción con la propaganda bélica del siglo XX, en el marco del debate sobre la comunicación oficial de las políticas de seguridad.
La ausencia de un documento público deja sin verificación independiente aspectos como el número de efectivos salvadoreños desplegados, el presupuesto asignado a la misión o los mecanismos de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, que no ha difundido un dictamen ni una ratificación específica sobre este acuerdo bilateral. En la práctica salvadoreña, los tratados y convenios internacionales requieren ratificación del Órgano Legislativo para su plena vigencia.
Por ahora, la posición oficial se limita a la declaración de Ulloa, quien remitió cualquier divulgación futura a un escenario diplomático no especificado, sin que constara un plazo ni una fecha concreta para la publicación del acuerdo.
