El episodio, según el testimonio del joven a la publicación, se conoció cuando un documento de inteligencia llegó a manos del propio general López. En él se advertía sobre las publicaciones de su hijo y se incluía una frase que el oficial interpretó como una advertencia directa: la información, decía el texto, sería remitida al presidente de la república. López relató que su padre tomó el asunto con calma, pero le advirtió: «Hijo, tenemos que cuidarnos».
El documento contenía un perfil detallado de la actividad del columnista, con extractos de sus textos subrayados en rojo por considerarlos inconvenientes para el Gobierno. Según el material citado, el escrito describía a López como «un columnista de opinión de la revista SEMANA, realizando su trabajo desde marzo de 2023 a la fecha», e hijo del comandante general de las Fuerzas Militares, y calificaba sus posiciones como «bastante críticas», con un «lenguaje sarcástico e indirecto» hacia la política de paz total. El perfil señalaba, además, el uso de frases como «pronto cesará la horrible noche» para referirse al fin del mandato.
Detrás de estas acciones estaría Wilmar Mejía, quien se desempeñó como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y quedó señalado por una presunta cercanía —e incluso presunta entrega de información— con Alexánder Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las antiguas Farc. Mejía renunció a la DNI y posteriormente fue nombrado en la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf), según el reporte.
Nicolás López explicó que, al advertir que su padre ascendía a lo más alto de la carrera militar, optó por suspender la publicación de sus columnas y apartarse de una campaña presidencial opositora al entonces mandatario Petro, en la que colaboraba como voluntario, para no exponer la carrera de su padre a señalamientos. La decisión, sin embargo, no habría cerrado el episodio.
El joven aseguró que tanto él como su padre fueron cuestionados en más de una ocasión por su vínculo con la publicación. Una de esas ocasiones, según su relato, ocurrió durante la ceremonia de ascenso del general: «Ya todos estamos en la ceremonia y Pedro Sánchez le dice a mi papá: ‘Oiga, su hijo escribe en SEMANA’. Entonces, él respondió: ‘Sí, él escribió hace un tiempo’. Para ese momento ya había dejado de publicar, pero esa era una advertencia y así lo entendimos», contó López.
Silencio oficial de la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa
El general Hugo López ejerció como comandante general de las Fuerzas Militares hasta el relevo reciente en la cúpula castrense. Ni el general ni el Ministerio de Defensa se han pronunciado públicamente sobre el perfilamiento denunciado por su hijo. La Casa de Nariño tampoco ha emitido una respuesta oficial sobre las denuncias, y el expresidente Gustavo Petro, cuyo mandato ya concluyó, no se ha referido de manera directa al caso. El propio columnista sostuvo que las acciones del Gobierno de entonces contradecían el discurso público del mandatario sobre libertad de prensa y garantías para la oposición.
Por ahora, ni la DNI ni la Uiaf han emitido pronunciamientos oficiales sobre la vinculación de Wilmar Mejía con los hechos denunciados. Tampoco se ha conocido una investigación formal abierta por la Fiscalía General de la Nación sobre el caso específico de Nicolás López.
El perfilamiento de civiles, periodistas y opositores por parte de organismos de inteligencia no es un fenómeno nuevo en la historia reciente del país. Colombia arrastra precedentes documentados desde la década de 2000, cuando el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue señalado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de haber espiado a magistrados, periodistas y opositores. Aquel escándalo derivó en la liquidación de la entidad en 2011 y en condenas judiciales contra varios de sus exdirectores, en uno de los mayores casos de abuso de la inteligencia estatal en la historia democrática colombiana.
El marco legal que prohíbe el uso político de la inteligencia
La Constitución de 1991 y la Ley 1621 de 2013, de inteligencia y contrainteligencia, establecen controles específicos sobre la información recolectada por los organismos de seguridad del Estado y prohíben expresamente su empleo con fines de persecución política o para limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Cualquier uso indebido de las bases de datos de inteligencia puede acarrear investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación y procesos penales ante la Fiscalía.
La revelación se produce en momentos en que el país atraviesa un relevo institucional tras el fin del Gobierno de Petro, lo que ha reactivado el debate sobre el uso de los organismos de inteligencia durante su administración y sobre los límites entre la seguridad nacional y la vigilancia de críticos del poder. En administraciones anteriores, señalamientos similares sobre seguimientos a periodistas motivaron pronunciamientos de organizaciones de prensa como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
De abrirse una investigación disciplinaria o penal, correspondería a la Procuraduría y a la Fiscalía determinar responsabilidades individuales y establecer si hubo uso indebido de las plataformas de inteligencia del Estado con fines distintos a los previstos en la ley. Mientras tanto, el caso queda pendiente de que las entidades señaladas y las nuevas autoridades del sector defensa se pronuncien sobre el alcance de los hechos denunciados.
