De acuerdo con el caso, Martínez Rivera enviaba mensajes con amenazas de muerte a la víctima y le exigía distintas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares. La víctima llegó a realizar los primeros pagos ante el temor de sufrir represalias.
Pese a esos pagos iniciales, el condenado continuó reclamando más dinero bajo las mismas amenazas. Ante el temor por su vida y la de su familia, la víctima abandonó el lugar donde residía y posteriormente acudió ante las autoridades para denunciar los hechos.
La denuncia dio inicio a la investigación que terminó en el juicio celebrado en La Unión. El caso se tramitó bajo las figuras penales de extorsión y amenazas, contempladas en el Código Penal, que sanciona con penas agravadas cuando el delito se comete con participación de estructuras de pandillas.
La condena se suma a los fallos que tribunales de sentencia de distintos departamentos vienen emitiendo contra integrantes señalados de la MS-13 y de la pandilla 18 por delitos de extorsión, uno de los ilícitos que motivó la declaratoria del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
El caso se conoce en paralelo a otros procesos reportados por la PNC, como la captura de un hombre con notificación roja señalado por homicidio agravado y privación de libertad.
La pena impuesta a Martínez Rivera queda fijada en 16 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de La Unión, en perjuicio de la víctima que denunció los hechos ante las autoridades.
