Villalona plantea que el FMI, con sede vinculada al sistema de las Naciones Unidas, dispone de fondos aportados por los Estados miembros y actúa cuando detecta que un Gobierno enfrenta dificultades para honrar sus compromisos. A partir de esa premisa, el columnista sostiene que las condiciones que el organismo suele exigir tendrían un efecto directo y negativo sobre la actividad económica interna y sobre el nivel de vida de los salvadoreños.
Los programas que el FMI acuerda con países de la región centroamericana habitualmente incorporan metas de déficit fiscal, límites al endeudamiento público y, en ocasiones, ajustes en subsidios o tarifas de servicios públicos. El cumplimiento de esas metas se verifica mediante revisiones periódicas de misiones técnicas del organismo, que evalúan los avances ante el Gobierno correspondiente antes de liberar nuevos desembolsos.
El Salvador acumula una relación extensa con el FMI que se remonta a los programas de ajuste estructural aplicados durante la década de 1990, en el marco de la reconstrucción económica posterior a los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec el 16 de enero de 1992. Aquellos programas también recibieron cuestionamientos desde sectores académicos y sindicales, que atribuyeron a la condicionalidad un impacto adverso sobre el empleo urbano.
La discusión sobre el papel del FMI en las economías de la región no es exclusiva de El Salvador. En sus revisiones periódicas, el organismo evalúa la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos, un seguimiento que comparte con las calificadoras internacionales de riesgo. Otros países del entorno latinoamericano y organismos multilaterales han sostenido posiciones distintas frente a la conveniencia y las condiciones de este tipo de acuerdos.
Ese debate se inscribe en un contexto internacional donde las decisiones financieras y energéticas de las potencias externas inciden sobre las economías latinoamericanas, como ilustra el acuerdo petrolero que Washington anunció con Venezuela. Villalona enmarca la crítica al organismo en esa dinámica de intereses financieros globales que, según su tesis, condiciona las decisiones de los Estados de la región.
El artículo, publicado en Diario Co Latino, concentra su cuestionamiento en la finalidad que atribuye al FMI: el organismo, escribe el economista, tiene como objetivo garantizar que los Gobiernos paguen su deuda, aun cuando ese pago suponga un costo para la vida del pueblo.
