El neurólogo Luis Espinosa Sierra, CEO de Mi Receta Digital y cofundador de Healthtech México, situó el problema en perspectiva histórica. "La innovación siempre antecede a la regulación", dijo, y recordó que cuando Henry Ford sacó los autos en serie a las calles todavía no existía reglamento de tránsito. Citó el Cefaly, un neuromodulador para migraña fabricado por una empresa belga que se vende hoy en plataformas digitales sin autorización sanitaria, junto con bandas para videojuegos que modulan escenarios a partir de la actividad eléctrica de la corteza cerebral.
Jimena Puente, ex presidenta del INAI y panelista de privacidad del Banco Mundial, aportó el dato que marcó el tono de la discusión.
"Más del 70% de los dispositivos de neurotecnología tienen fines comerciales, no médicos", afirmó Jimena Puente, ex presidenta del INAI.
Puente citó un estudio de la UNESCO sobre 30 empresas líderes del sector: todas se reservaban el control absoluto de los datos cerebrales y de la información derivada, y 29 podían transferirlos y comerciarlos de manera indefinida. Ninguna mencionaba la existencia de neuroderechos, concepto que los panelistas coincidieron en llevar a la agenda legislativa.
La frontera entre hospital y wearable
En el ámbito clínico, Espinosa explicó que el patrón electroencefalográfico ya cuenta con protección bajo la NOM-024-SSA3-2012 del expediente clínico electrónico. El problema surge cuando el mismo tipo de dato carece de resguardo legal al generarse fuera de un hospital, por ejemplo mediante una aplicación de consumo o un smartwatch de "bienestar".
Carlos Languendik Muñoz, doctor en derecho y presidente de Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, cuestionó la validez del consentimiento informado bajo las reglas actuales del mercado digital. Lo describió como una ficción: no es libre porque existe lo que llamó un "chantaje funcional" —aceptar o no usar la aplicación—, no puede ser plenamente informado porque las señales cerebrales son crudas y sus inferencias futuras desconocidas, y no es específico porque la inteligencia artificial genera correlaciones secundarias que ni el usuario ni el desarrollador anticipan. Una vez que el dato sirvió para entrenar un modelo, señaló, ya no existe mecanismo de revocación.
El reclamo no proviene solo del ámbito académico. La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) y Canifarma han pedido de forma reiterada que la inteligencia artificial aplicada a dispositivos médicos sea evaluada por Cofepris. Ana Riquelme, directora general de AMID, ha explicado que el sector busca lineamientos específicos para aplicaciones de robótica, diagnóstico y monitoreo que den certeza regulatoria frente a la velocidad de esta tecnología. El antecedente existe: en junio de 2024 Cofepris publicó lineamientos para regular el software como dispositivo médico, proceso en el que Healthtech México tuvo participación activa.
El senador Colosio enmarcó la discusión señalando que la seguridad digital ya no puede ser un conocimiento exclusivo de especialistas, sino parte de una alfabetización que debe comenzar desde la infancia. Mencionó el caso de Chile, que en 2021 incorporó al artículo 19 de su Constitución la protección expresa de la actividad cerebral y la información derivada de ella, un paso que México todavía no ha dado. Espinosa, por su parte, no pidió la creación inmediata de una categoría legal de "neuroderechos": propuso investigar qué es realmente regulable, impulsar la alfabetización digital —que calificó de pendiente en el país— y actuar de forma preventiva mediante educación desde el nivel básico.
La Comisión de Derechos Digitales también ha abierto en semanas recientes otros debates institucionales, como el protagonizado por Higinio Martínez y Noroña en el Senado.
"Cuando tengamos una generación de jóvenes con pensamiento crítico, tendremos un país mejor", concluyó Espinosa ante la comisión.
