De acuerdo con el video, la metodología consistió en ocultar geolocalizadores Galaxy SmartTag2, de la firma Samsung, dentro de paquetes de cereal y latas con abre fácil. Los autores explicaron que eligieron ese modelo para evadir los sistemas de detección de rastreadores cercanos que integran de manera estándar los celulares, pensados originalmente para alertar sobre el uso indebido de localizadores como los AirTags de Apple.
Las cuatro cajas se entregaron en puntos con perfiles de gestión distintos: el Estadio Olímpico Universitario, de la UNAM; la Ciudad Judicial; un centro de acopio de carácter civil en la alcaldía Tlalpan, y un punto organizado por integrantes de la comunidad venezolana radicada en la capital. Esa diversidad, según los realizadores, buscaba comparar el manejo de la ayuda entre instancias institucionales, gubernamentales y de organización ciudadana informal.
El caso de mayor repercusión es el de la caja depositada en el Estadio Olímpico Universitario. El personal presente, de acuerdo con el testimonio recogido en el video, indicó a los donantes que el protocolo contemplaba trasladar los insumos al Campo Militar Número 1 para su posterior envío marítimo hacia Venezuela. Sin embargo, la señal del dispositivo habría marcado un trayecto distinto hasta ubicarse, días después, en un inmueble de la Central de Abasto con logotipos vinculados a programas públicos de recuperación de alimentos, entre ellos uno identificado como "Itacate".
La Central de Abasto es el mercado mayorista de alimentos más grande de la capital y uno de los de mayor tamaño en América Latina; opera bajo administración de un fideicomiso público y concentra buena parte de la distribución de víveres de la Ciudad de México y su zona metropolitana. El programa Itacate, al que aluden los creadores por los logotipos observados en el inmueble, es una iniciativa de recuperación de alimentos aptos para el consumo que de otro modo se desperdiciarían, orientada a redistribuirlos entre población vulnerable.
El segundo caso corresponde a la caja entregada en la Ciudad Judicial. El paquete permaneció sin movimiento durante varios días, hasta que el rastreador comenzó a registrar desplazamientos por distintas avenidas de la capital y, finalmente, se fijó en las inmediaciones de una zona comercial en El Pedregal. Los autores señalaron que ese patrón sugeriría que el dispositivo fue retirado del contenido original o trasladado en un auto particular, sin que ello permita establecer por sí solo el destino final de los alimentos.
En contraste, los dos puntos de acopio de carácter más comunitario —el de la alcaldía Tlalpan y el organizado por la comunidad venezolana— no registraron movimiento alguno del geolocalizador durante las semanas de seguimiento. Las cajas permanecieron, según el video, exactamente en el sitio donde fueron depositadas, un dato que los realizadores interpretan como indicio de que ese tipo de acopios, pese a carecer de estructura institucional, no mostró en este caso irregularidades de traslado.
El material incluye el testimonio de una persona identificada como exvoluntario en brigadas de rescate durante desastres naturales, cuya identidad no se revela. Según su relato, en distintos centros de recolección habría prácticas de separación de insumos según su valor comercial: "Todo lo que sea caro va para este lado y todo lo demás para este otro. Siempre había esa separación y terminaban desapareciendo las cajas", afirmó la fuente citada en el video.
Los propios autores matizaron sus hallazgos y precisaron que no puede afirmarse la comisión de un delito ni una desviación deliberada de recursos, ya que los insumos podrían encontrarse en fases intermedias de logística o almacenamiento temporal antes de su eventual envío al extranjero. No obstante, subrayaron que la ausencia de información pública sobre la cadena de custodia —quién recibe las donaciones, dónde se almacenan y cuándo se despachan— alimenta la incertidumbre entre los donantes.
Un antecedente que ya conocen los mexicanos
El episodio se inscribe en una serie de controversias sobre el manejo de donativos en el país. Los sismos de 1985 y de septiembre de 2017 derivaron en señalamientos ciudadanos sobre el destino de la ayuda y en la creación posterior de protocolos de transparencia por parte de organizaciones civiles y autoridades locales. La ausencia de un marco homogéneo y obligatorio de rendición de cuentas para acopios ciudadanos, sin embargo, ha sido una constante a lo largo de distintos sexenios.
En términos normativos, la coordinación de la ayuda humanitaria internacional que sale de México corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional cuando se emplean capacidades logísticas militares. El acopio ciudadano, en cambio, carece de una regulación específica que obligue a llevar inventarios públicos o reportes de trazabilidad, salvo los compromisos voluntarios que asuman universidades, gobiernos locales u organizaciones civiles participantes.
La difusión del video ha reactivado, en organizaciones de la sociedad civil, la exigencia de mecanismos de inventario público y trazabilidad para los operativos de acopio en emergencias, nacionales e internacionales. Persiste la interrogante sobre si las instancias señaladas ofrecerán una explicación pública sobre el destino final de los insumos rastreados y si ello derivará en una revisión de los protocolos vigentes para futuras campañas de ayuda humanitaria.