El encuentro nacional interinstitucional, organizado por la asociación de abogadas coahuilense, sirvió de marco para la conferencia en la que Esquivel abordó el derecho humano a la buena administración, un concepto con el que vinculó el manejo de recursos públicos y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Esquivel señaló que ese derecho busca revertir el hartazgo de la ciudadanía por la falta de recursos para atender las necesidades de la población, recursos que —planteó— en ocasiones se aprovechan «en forma discrecional y arbitraria» para fines distintos a mejorar la calidad y suficiencia de los servicios públicos. La ministra defendió la importancia de ponderar su reconocimiento como un derecho autónomo para lograr, según sus palabras, «un gobierno con mayor calidad democrática». El material no precisa si el planteamiento se traduce en alguna iniciativa ante el Congreso de la Unión o en un criterio que la propia Corte explore en algún expediente.
Antes de la conferencia, Esquivel se reunió con juzgadores del octavo circuito con residencia en Coahuila, a quienes pidió trabajar de manera coordinada para acercar la justicia a quienes más lo necesitan y hacerlo de modo «pronto, expedito y siempre con puertas abiertas».
Un libro sobre orfandad por feminicidio en Gómez Palacio
En Gómez Palacio, Durango, la ministra presentó el libro «Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?», con comentarios de la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, y de la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del estado, Irma Selene Soto Rodríguez. La obra, según la reseña del acto, expone la violencia feminicida que deja a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y vulnerabilidad extrema.
Esquivel hizo una reseña de dos sentencias que calificó de emblemáticas —de las más de 300 analizadas para el libro— en las que, además de la pena privativa de la libertad al victimario, se ordenó la reparación integral del daño. El trabajo, apuntó, se enriqueció con entrevistas a operadores del sistema de justicia y con una evaluación crítica de las brechas legales y procedimentales que, a su juicio, afectan la tutela efectiva de las personas menores en situación de orfandad por el feminicidio de la madre.
La agenda de Esquivel en Coahuila y Durango se inscribe en una actividad pública fuera de las sesiones del pleno que la ministra ha mantenido en meses recientes, con presentaciones de libros, conferencias y encuentros con asociaciones civiles y gremios profesionales en distintos estados. En días previos, según reseñas de otros actos, presentó proyectos de protección laboral para trabajadores del campo.
Esa exposición pública convive con el escrutinio que rodea a Esquivel desde 2023, cuando se cuestionó la autenticidad de su título de licenciada en derecho por presunto plagio de una tesis previa en la UNAM. La propia universidad concluyó entonces, tras una investigación interna, que existía plagio, aunque determinó que no procedía la anulación del título. La controversia no ha derivado en un proceso con avances públicos recientes, y la ministra ha continuado en funciones.
Reforma judicial y la disputa por la presidencia de la Corte
Esquivel llegó a la SCJN en 2019, designada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante el mecanismo entonces vigente de ratificación por el Senado. Ese esquema quedó modificado por la reforma judicial de 2024, impulsada al final del sexenio de López Obrador y continuada por la actual administración, que sustituyó la ratificación senatorial por la elección directa de las ministras y los ministros mediante voto popular a partir de 2025, un cambio sin precedente en la historia del Poder Judicial mexicano.
La visita se produce en medio del debate abierto sobre la presidencia del máximo tribunal. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente una contradicción en el texto constitucional respecto a cómo debe resolverse ese cargo tras la reforma, y pidió que «tiene que resolverse el tema». Hasta el momento, ni la SCJN ni la Presidencia de la República han fijado una fecha o mecanismo definitivo, por lo que el asunto permanece abierto de cara a los próximos periodos de sesiones del pleno.
La designación de la presidencia de la Corte no es un asunto menor en el diseño institucional mexicano: quien la encabeza preside también el pleno y coordina la agenda del tribunal, tradicionalmente por un periodo acotado. La reforma de 2024 alteró el equilibrio previo, en el que la integración y la conducción del tribunal dependían del proceso de nombramiento por el Ejecutivo y el Senado, y su implementación ha generado litigios y cuestionamientos que aún no encuentran una resolución cerrada.